Los diputados del FreJuPa, Oscar Montes de Oca, Alicia Mayoral y Martín Balsa, y el diputado del monobloque del Movimiento Productivo Pampeano, Juan Brindesi, impusieron por mayoría el criterio de rechazar la denuncia de plano, sin siquiera abrir el proceso de investigación. El radical Francisco Torroba por la UCR y Eduardo Pepa votaron en disidencia por impulsar la investigación.

La decisión se tomó en forma rápida, el mismo viernes, después de la visita del Tribunal de Cuentas y los síndicos de Pampetrol a la legislatura. Los organismos de control respaldaron la legalidad de los alquileres entre el gobierno y la empresa petrolera. Durante el encuentro la oposición reconoció que no hubo delito ni corrupción. Aunque había insistido en pedir la cabeza del ministro por el "daño" que provocó a la imagen de la empresa el audio que se viralizó en las últimas semanas.

En una reunión en Diputados, en diciembre del año pasado, el funcionario se jactó de haber "inventado" un contrato de alquiler para pagar menos Ganancias y pidió que apaguen la grabación del encuentro porque si no "vamos todos presos". "Fue una bananeada", graficó después del escándalo el radical Torroba.

Un ministro salvado, pero en la cuerda floja

Este sábado el presidente del bloque del FreJuPa, Julio González, afirmó que durante la semana el bloque oficialista se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto y este le pidió que no le suelten la mano a Franco. De todos modos, el gobernador no salió a respaldarlo públicamente después del escándalo y seguramente el funcionario salvará su cargo por el momento, aunque queda herido. "Está en la cuerda floja. No termina el mandato dentro del gabinete", aventuraron en los pasillos de Casa de Gobierno.

El juicio político es un mecanismo de juzgamiento previsto para el gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Magistrados del Superior Tribunal, el Procurador General y el Fiscal de Estado. La Sala Juzgadora se conformó por sorteo en la primera sesión ordinaria del 3 de marzo.  Tiene 40 días para analizar el juicio. Pero primero debía decidir su admisión:  en esa instancia, este mismo viernes, fue que se rechazó "in límine’", es decir, de plano, por considerar que no hay elementos para su consideración.

Los tres integrantes de la Sala Acusadora por el oficialismo, más el diputado Brindesi, sostuvieron que no había un escenario para que avance el juicio político contra el ministro Franco. Más aún cuando los organismos de control defendieron ese mismo viernes lo actuado en Pampetrol, que firmó contratos de alquileres con el estado provincial que fueron avalados  por la propia legislatura.

Más allá del dislate grave cometido por el ministro de Hacienda, el oficialismo y el gobierno provincial resolvieron sostenerlo.

Un exabrupto y una viralización posterior

El ministro Franco se llamó a silencio tras un comunicado de prensa en el que hizo un pedido de disculpas.  "Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado", dijo, aunque aclaró que nunca cometió una ilegalidad, a pesar de su "expresión claramente desafortunada". 

La reunión de Franco con legisladores y legisladoras fue el 13 de diciembre. Ese día, se jactó de que merced a una maniobra elaborada por él, Pampetrol podía aliviar parte de su pago del impuesto a las Ganancias, a partir de contratos de alquileres de inmuebles con la Provincia. Todo ese trámite, legal y administrativo, data del año 2017 y tiene aprobación unánime de la comisión Interpoderes y de la propia Legislatura.

En diciembre del año pasado, el asesor de la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, su esposo Juan Carlos Tierno, había presentado una denuncia en la FIA. Pero el video se viralizó hace un par de semanas. El escándalo fue tomado por medios nacionales. Con esa tribuna porteña y nacional, el diputado nacional macrista, Martín Maquieyra, recorrió los medios acusando al ministro de "esconder una acción de evasión de impuestos" y pedir la renuncia. Este viernes, la presidenta del TdC, Marita Mac Allister despejó esas dudas: afirmó que los contratos existe, son legales y no detectó observaciones ni elementos para sancionar la rendición de cuentas. (El Diario)