La Sala Acusadora de Juicio Político rechazó "in limine" la denuncia contra el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, por considerar que no había elementos para iniciar la investigación, en una definición que se tomó el viernes por la tarde. El funcionario provincial había sido denunciado por mal desempeño de sus funciones, en una presentación que firmó el presidente del bloque de la UCR, Francisco Torroba, a raíz de la viralización del audio en el que sugiere que el estado provincial armó un contrato de alquiler para que Pampetrol pague menos impuestos y pide apagar la grabación de la reunión en Diputados porque si no "vamos todos presos".
Provinciales23 de abril de 2022
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Los diputados del FreJuPa, Oscar Montes de Oca, Alicia Mayoral y Martín Balsa, y el diputado del monobloque del Movimiento Productivo Pampeano, Juan Brindesi, impusieron por mayoría el criterio de rechazar la denuncia de plano, sin siquiera abrir el proceso de investigación. El radical Francisco Torroba por la UCR y Eduardo Pepa votaron en disidencia por impulsar la investigación.
La decisión se tomó en forma rápida, el mismo viernes, después de la visita del Tribunal de Cuentas y los síndicos de Pampetrol a la legislatura. Los organismos de control respaldaron la legalidad de los alquileres entre el gobierno y la empresa petrolera. Durante el encuentro la oposición reconoció que no hubo delito ni corrupción. Aunque había insistido en pedir la cabeza del ministro por el "daño" que provocó a la imagen de la empresa el audio que se viralizó en las últimas semanas.
En una reunión en Diputados, en diciembre del año pasado, el funcionario se jactó de haber "inventado" un contrato de alquiler para pagar menos Ganancias y pidió que apaguen la grabación del encuentro porque si no "vamos todos presos". "Fue una bananeada", graficó después del escándalo el radical Torroba.
Un ministro salvado, pero en la cuerda floja
Este sábado el presidente del bloque del FreJuPa, Julio González, afirmó que durante la semana el bloque oficialista se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto y este le pidió que no le suelten la mano a Franco. De todos modos, el gobernador no salió a respaldarlo públicamente después del escándalo y seguramente el funcionario salvará su cargo por el momento, aunque queda herido. "Está en la cuerda floja. No termina el mandato dentro del gabinete", aventuraron en los pasillos de Casa de Gobierno.
El juicio político es un mecanismo de juzgamiento previsto para el gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Magistrados del Superior Tribunal, el Procurador General y el Fiscal de Estado. La Sala Juzgadora se conformó por sorteo en la primera sesión ordinaria del 3 de marzo. Tiene 40 días para analizar el juicio. Pero primero debía decidir su admisión: en esa instancia, este mismo viernes, fue que se rechazó "in límine’", es decir, de plano, por considerar que no hay elementos para su consideración.
Los tres integrantes de la Sala Acusadora por el oficialismo, más el diputado Brindesi, sostuvieron que no había un escenario para que avance el juicio político contra el ministro Franco. Más aún cuando los organismos de control defendieron ese mismo viernes lo actuado en Pampetrol, que firmó contratos de alquileres con el estado provincial que fueron avalados por la propia legislatura.
Más allá del dislate grave cometido por el ministro de Hacienda, el oficialismo y el gobierno provincial resolvieron sostenerlo.
Un exabrupto y una viralización posterior
El ministro Franco se llamó a silencio tras un comunicado de prensa en el que hizo un pedido de disculpas. "Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado", dijo, aunque aclaró que nunca cometió una ilegalidad, a pesar de su "expresión claramente desafortunada".
La reunión de Franco con legisladores y legisladoras fue el 13 de diciembre. Ese día, se jactó de que merced a una maniobra elaborada por él, Pampetrol podía aliviar parte de su pago del impuesto a las Ganancias, a partir de contratos de alquileres de inmuebles con la Provincia. Todo ese trámite, legal y administrativo, data del año 2017 y tiene aprobación unánime de la comisión Interpoderes y de la propia Legislatura.
En diciembre del año pasado, el asesor de la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, su esposo Juan Carlos Tierno, había presentado una denuncia en la FIA. Pero el video se viralizó hace un par de semanas. El escándalo fue tomado por medios nacionales. Con esa tribuna porteña y nacional, el diputado nacional macrista, Martín Maquieyra, recorrió los medios acusando al ministro de "esconder una acción de evasión de impuestos" y pedir la renuncia. Este viernes, la presidenta del TdC, Marita Mac Allister despejó esas dudas: afirmó que los contratos existe, son legales y no detectó observaciones ni elementos para sancionar la rendición de cuentas. (El Diario)
La obra apunta a mejorar la seguridad vial, potenciar el desarrollo productivo regional y brindar una alternativa a la colapsada Ruta Nacional 35. La inversión supera los $6.000 millones y el plazo de ejecución es de 18 meses.
La Reserva Provincial Parque Luro tendrá acceso a agua potable por primera vez desde su creación. Esta obra clave impulsará el turismo, fortalecerá la conservación ambiental y mejorará la infraestructura del área.
Este viernes se llevó a cabo el acto formal de toma de juramento a las y los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura en la biblioteca del STJ. Tras la ceremonia, se realizó la primera reunión plenaria del cuerpo.
El Ministerio de Salud pampeano alertó sobre la escasez de dosis de vacunas esenciales del Calendario Nacional, como la triple viral y la antipoliomielítica. Acusan falta de organización y demoras en la distribución por parte del Gobierno nacional.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) y la Mesa Intersindical presentaron una nota al bloque del FreJuPa en Diputados, exigiendo celeridad en la discusión del Proyecto de Ley N° 29. La norma beneficiaría a más de 20.000 trabajadores públicos, muchos de ellos próximos a jubilarse.
Autoridades del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) realizaron nuevas jornadas informativas sobre el programa "Llegar a Casa", que otorga 700 créditos para la construcción de viviendas en terrenos propios. Estas instancias buscan acercar información y facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de reducción del financiamiento nacional.
Finalmente tras la denuncia pública sobre lo ocurrido con la ofrenda floral, pudimos conocer mediante los registros de videovigilancia que fueron dos perros los que se llevaron la ofrenda floral del monumento a Veteranos y Caídos en la gesta de Malvinas.
Tras la consulta con Salud Pública se nos indicó que se trata de un caso por el momento definido como "sospechoso" y que se aguarda el resultado de los análisis efectuados a las muestras para confirmar o descartar un positivo. De todas formas el protocolo indica que ante un caso sospechoso ya se comienza con el control en las 9 cuadras linderas alrededor de la vivienda del paciente, el cual se mantiene aislado para prevenir posibles contagios de confirmarse la infección con dengue.
Este jueves por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, se registró un siniestro vial en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 734, en cercanías de la localidad de Fraga, provincia de San Luis.
Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó aprobó por unanimidad una modificación al artículo 11 del Estatuto del Municipio, que regula el acceso a cargos vacantes producidos por el fallecimiento de empleados municipales. La iniciativa surgió del despacho de la Comisión Plenaria y apunta a incorporar criterios de equidad, transparencia e idoneidad en el ingreso de familiares directos de agentes fallecidos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Realicó trató un despacho de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente, a partir de una nota presentada por vecinos que residen sobre calle Constitución, en la zona próxima al Colegio Parroquial. El municipio ya recibió pedidos similares de otros sectores, pero evalúa con cautela la instalación de reductores debido a su alto costo (alrededor de $1,5 millones por unidad) y a los inconvenientes que generan en el sistema de emergencias, además del daño que pueden provocar en el pavimento y en los vehículos.
