Se trata de un texto pensado para los festejos del Bicentenario que nunca se imprimió. Pero se giraron fondos autorizados por el senador nacional. Cuál es la acusación y comó será el juicio
Nacionales12/06/2022
InfoTec 4.0
El senador nacional Oscar Parrilli, uno de los dirigentes políticos de mayor confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, comenzará mañana a ser juzgado por el uso de 800 mil pesos para la impresión de “La Década Ganada”, un libro que nunca salió.
Será desde las 9.30 horas, por videoconferencia y a cargo del Tribunal Oral Federal 7. Junto con el senador también serán juzgadas otras tres personas, entre ellas Katya Daura, ex titular de la Casa de la Modena. La acusación es por el delito de defraudación a la administración pública.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, y la fiscal es Fabiana León. Es el mismo Tribunal y Fiscalía que tienen la causa por los llamados “cuadernos de la corrpución” en la que está imputada Cristina Kirchner.
En la primera audiencia se prevé que se lea la acusación y que los acusados tengan la posibilidad de declarar. El Tribunal ya fijó la agenda de la primera etapa del proceso. Después se mañana está previsto que las siguientes audiencias sean el 27 de junio y el 4 y 11 de julio. Y desde agosto, después de la feria que termina a fines de julio, todos los lunes hasta que finalice el juicio. Está previsto que declaren cerca de 90 testigos y el comienzo del proceso se podrá ver por el canal de Youtube del Tribunal.
El hecho que se juzgará se remonta a cuando Parrilli era secretario General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Cristina kirchner. En ese cargo tenía bajo su órbita a la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010″, encargada de los festejos del Bicentenario.
El hoy senador autorizó el uso de 800 mil pesos como adelanto para la impresión del libro “La Década Ganada” que formaba parte del “Plan Integral de festejos que busca construir un sentir de pertenencia, integración y creciente participación de la sociedad toda”. Se iban a imprimir 100 mil ejemplares para entregarse entre mayo y junio de 2013 a un precio de 80 pesos cada libro.
El trabajo de impresión se adjudicó de manera directa a la Casa de la Moneda que gastó 2.652.000 de pesos en el papel y más de un millón de pesos el el alquiler de un depósito. El dinero se utilizó pero el libro nunca se imprimió y la Secretaría General de la Presidencia no hizo el reclamo.
En 2015, el nuevo titular de la Casa de la Moneda, Marcelo Pose, hizo la denuncia penal que derivó en una causa.
Parte del libro que no se imprimió
El fallecido juez Claudio Bonadio procesó por el caso a Parrili, a Daura, a Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y a Matías Njirjak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda. Los cuatro son los acusados en el juicio.
El fiscal Carlos Rívolo pidió en octubre del 2017 que la causa pasé a juicio oral. Rívolo señaló que hubo un “uso indiscriminado de los recursos del Estado, sorteando invariablemente los canales regulares propios de la administración pública y bajo la apariencia de un proceso licitatorio normal que en realidad no fue tal, y que ha redundado en un claro perjuicio para el erario público”.
Y sobre Parrilli, el fiscal sostuvo que en “su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda (SECM) – por fuera de los canales legales- las términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a SECM por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución; deberá responder en calidad de autor”.
Segundo caso
El Tribunal 7 juzgará un segundo caso en el mismo juicio. La única acusada es Daura. Es por el presunto uso de siete millones de pesos de la Casa de la Moneda para comprar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de en su casa de la localidad bonaerense de Pilar. Junto con la ex funcionaria también están acusados Héctor Desmarás, gerente de seguridad de la Casa de Moneda, y Mario Enrici, gerente general del organismo.
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