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Hartos de las presiones (que interpretan como “extorsiones”), gobernadores del Frente de Todos con apoyo de dirigentes clave de La Cámpora quieren que el gobierno de Alberto Fernández apure una reforma en la gestión de los planes sociales para que sean las provincias y los municipios quienes administren los subsidios y la asistencia que distribuye la Nación y no las organizaciones piqueteras, a las que el secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, definió como “sindicatos” de pobres y desocupados.
Fue en la entrevista que Infobae publicó el domingo 5 de junio que el funcionario y líder del Movimiento Evita -a cargo de un presupuesto público de 270 mil millones de pesos- explicó el significado de la idea de “economía popular” y definió a las organizaciones populares como “sindicatos de esa gente”, en referencia a las personas de bajos recursos que dependen de los subsidios para sobrevivir. En una semana que estuvo signada por las internas por el avión venezolano-iraní y el manejo de la economía, una nueva fricción entre sectores del Frente de Todos apareció en el escenario, ahora por la política social.
El 2022 se encamina a ser un año récord histórico de protestas y piquetes, superior incluso a los que se dieron entre el 2001 y el 2002, el año de la crisis más terrible que vivió la Argentina en el siglo XXI.
“Es tiempo de construir consensos estructurales respecto de políticas para el desarrollo productivo, con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”. Este párrafo, en apariencia inofensivo, apareció en la declaración que hace una semana firmaron 16 mandatarios alineados con el Frente de Todos y que fue el anuncio de una batalla política de alto voltaje. Pérsico, además, es uno de los socios políticos principales de Alberto Fernández.
Un alto dirigente de La Cámpora consultado por Infobae confirmó que impulsan la presentación de un proyecto de ley para reformar la política social, pero se ocupó de aclarar que la ofensiva “no es contra Pérsico”. De todos modos, admitió la incomodidad porque el dirigente sea quien lidera una organización que recibe ayuda del Estado y, a la vez, está “del otro lado del mostrador” distribuyendo esa misma asistencia.
La discusión que plantearon los gobernadores tiene un objetivo político pero también presupuestario. Es que, según datos del Ministerio de Desarrollo Social a los que accedió Infobae, el programa Potenciar Trabajo -el principal que distribuye la gestión de Alberto Fernández- pasó de 65 mil millones de pesos en 2020, a 209 mil millones el año pasado. Y en los primeros cinco meses del 2022 (el “devengado consumido”) llegó a los 137 mil millones de pesos.
