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El comunicado:
Alberto Fernández debió ser destituido apenas se conoció la Fiesta de Olivos. En aquel momento, algunos referentes opositores presentaron pedido de juicio político, pero fueron unos pocos. No vimos a la oposición en su conjunto desfilar por los canales de TV exigiendo, con una sola voz, la destitución del inmoral que nos preside.
Pusimos, pues, nuestras esperanzas en la Justicia, y fue también en vano: le permitieron a Fernández evitar un juicio penal a cambio de una suma que, paradójicamente, pagaremos nosotros, los contribuyentes, con la pensión vitalicia que él cobrará como expresidente. ¿Qué le hacen un par de millones hoy, si los recuperará cien veces mañana, sin hacer nada, como premio por haber ocupado el cargo que mancilló con sus acciones?
No nos resignaremos a la impunidad. Y, si no logramos evitarla, queremos exponer, con nombre y apellido, a aquellos que la avalan.
Sabemos bien que lograr la destitución de Fernández requiere mayorías especiales que hoy la oposición no tiene. Pero sabemos también que, para muchos, esa debilidad numérica es la excusa perfecta para no enfrentarse a un pedido de juicio político que no desean o no se animan a firmar. Los que nos responden que la oposición ya pidió juicio político pretenden que los cinco o seis diputados dignos que lo hicieron en un primer momento sean el escudo tras el que se esconden decenas que prefieren no comprometerse.
Hoy la Cámara de Diputados tiene 139 diputados, de varios partidos distintos, que no pertenecen al Frente de Todos. Desde Campo+Ciudad exigimos que todos esos diputados aclaren su posición respecto a la destitución, vía juicio político, de Alberto Fernández.
Aquellos que piensan que sus acciones no ameritan su destitución son tan inmorales como él. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son.
