
Unifican en 15 años las dos condenas a Lázaro Báez por las causas Ruta del dinero K y Vialidad
La decisión fue de los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico.
Representantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en el marco del análisis para la implementación de la ley provincial 3353 sobre el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, mantuvieron hoy una reunión con los tres directores de mediación del Poder Judicial y con personal del Centro de Capacitación Judicial.
Judiciales08 de agosto de 2022Con este cónclave, la comisión conformada especialmente para analizar el tema, concluyó la ronda de consulta con los operadores judiciales que deberán desempeñar funciones previstas en la normativa. No obstante, sus integrantes continuarán reuniéndose para llegar a una conclusión sobre la aplicación de la ley.
La 3353 entrará en vigencia el 1 de agosto de 2023 y reemplazará a la ley 1270 de Régimen de Protección a la Minoridad, que rige actualmente. Dicho texto establece, como principio general, que deberá garantizarse “en forma integral la protección de los derechos de las/os adolescentes”, y que ello debe “complementarse con el piso mínimo de derechos fijado por la legislación nacional e internacional de derechos humanos de la infancia vigente en la República Argentina, siendo los tratados y compromisos internacionales parte integrante (de ella) a los fines de su interpretación y aplicación”.
En el encuentro de hoy fueron escuchadas las ideas y sugerencias de los responsables de las Oficinas de Mediación de General Pico, Santa Rosa y General Acha, María del Carmen García Fava –que a su vez es coordinadora del Centro Público de Mediación y Resolución Alternativa de conflictos judiciales–, Juan Pablo Secco y Pablo Benvenuto, respectivamente.
También fue oída la prosecretaria de Capacitación, Anabella Álvarez –concurrió en representación del secretario Gustavo Arballo–, a quien acompañó Romina Maraschio.
Por el Poder Judicial estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz; el ministro Fabricio Luis Losi; y los secretarios Martín Bentivegna y Carlos Alvarado (la otra integrante de la comisión es la ministra Elena Victoria Fresco). Por el Poder Ejecutivo asistieron los subsecretarios Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, y de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio. Además concurrió el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.
Anteriormente, en el marco de la rueda de consultas, ellos habían recibido al procurador general, Mario Oscar Bongianino; a la defensora general, Carina Mariana Ganuza; a los cuatro fiscales generales de la provincia; a las asesoras de niñas, niños y adolescentes de Santa Rosa, General Pico y General Acha; y a autoridades y representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios y de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público Fiscal.
Por otro lado, la ley prevé una capacitación presencial obligatoria –cuyo primer módulo se dictará el próximo viernes y sábado– en la temática de justicia penal para adolescentes, para los integrantes del Poder Judicial que deberán desempeñarse como operadores en el Procedimiento Penal para Adolescentes.
Por último, vale señalar que el único título habilitante en justicia restaurativa -hacia allí está orientada la futura norma– será la diplomatura en Justicia Restaurativa y Mediación Penal Judicial, que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
La decisión fue de los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico.
La Defensa Pública de la Provincia de La Pampa emitió un enérgico comunicado dirigido a los medios de comunicación locales y regionales, expresando su “profunda preocupación” por la difusión de contenidos que exponen a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia física, verbal o sexual. La advertencia se centra particularmente en la publicación de imágenes y videos que exhiben agresiones entre jóvenes, lo que —según remarcaron— vulnera gravemente sus derechos fundamentales.
El Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
La sentencia se conoció este viernes en la citada provincia donde Cositorto está acusado de estafas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado le otorgó la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, la funcionaria acusada de atacar con excremento la casa del diputado Espert.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
Una intervención que comenzó como preparación para el acto del 9 de julio derivó en una importante tarea de recuperación urbana en una zona históricamente postergada.
El hallazgo ocurrió durante trabajos de excavación y generó conmoción entre los vecinos.
La Defensa Pública de la Provincia de La Pampa emitió un enérgico comunicado dirigido a los medios de comunicación locales y regionales, expresando su “profunda preocupación” por la difusión de contenidos que exponen a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia física, verbal o sexual. La advertencia se centra particularmente en la publicación de imágenes y videos que exhiben agresiones entre jóvenes, lo que —según remarcaron— vulnera gravemente sus derechos fundamentales.
La supernaranja fue recolectada por Alberto Mirco en el patio de su casa y dejó boquiabiertos hasta a los más experimentados podadores. Según el productor, no es la única “gigante” en su árbol.
Una motocicleta de mediana cilindrada que había sido robada en horas de la madrugada de ayer jueves fue recuperada por la policía en una zona céntrica de Realicó. El operativo concluyó con dos personas imputadas, una de ellas menor de edad con frondosos antecedentes delictivos, y ambas notificadas en libertad.