Con este cónclave, la comisión conformada especialmente para analizar el tema, concluyó la ronda de consulta con los operadores judiciales que deberán desempeñar funciones previstas en la normativa. No obstante, sus integrantes continuarán reuniéndose para llegar a una conclusión sobre la aplicación de la ley.

La 3353 entrará en vigencia el 1 de agosto de 2023 y reemplazará a la ley 1270 de Régimen de Protección a la Minoridad, que rige actualmente. Dicho texto establece, como principio general, que deberá garantizarse “en forma integral la protección de los derechos de las/os adolescentes”, y que ello debe “complementarse con el piso mínimo de derechos fijado por la legislación nacional e internacional de derechos humanos de la infancia vigente en la República Argentina, siendo los tratados y compromisos internacionales parte integrante (de ella) a los fines de su interpretación y aplicación”.

En el encuentro de hoy fueron escuchadas las ideas y sugerencias de los responsables de las Oficinas de Mediación de General Pico, Santa Rosa y General Acha, María del Carmen García Fava –que a su vez es coordinadora del Centro Público de Mediación y Resolución Alternativa de conflictos judiciales–, Juan Pablo Secco y Pablo Benvenuto, respectivamente.

También fue oída la prosecretaria de Capacitación, Anabella Álvarez –concurrió en representación del secretario Gustavo Arballo–, a quien acompañó Romina Maraschio.

Por el Poder Judicial estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz; el ministro Fabricio Luis Losi; y los secretarios Martín Bentivegna y Carlos Alvarado (la otra integrante de la comisión es la ministra Elena Victoria Fresco). Por el Poder Ejecutivo asistieron los subsecretarios Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, y de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio. Además concurrió el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.

Anteriormente, en el marco de la rueda de consultas, ellos habían recibido al procurador general, Mario Oscar Bongianino; a la defensora general, Carina Mariana Ganuza; a los cuatro fiscales generales de la provincia; a las asesoras de niñas, niños y adolescentes de Santa Rosa, General Pico y General Acha; y a autoridades y representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios y de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, la ley prevé una capacitación presencial obligatoria –cuyo primer módulo se dictará el próximo viernes y sábado– en la temática de justicia penal para adolescentes, para los integrantes del Poder Judicial que deberán desempeñarse como operadores en el Procedimiento Penal para Adolescentes.

Por último, vale señalar que el único título habilitante en justicia restaurativa -hacia allí está orientada la futura norma– será la diplomatura en Justicia Restaurativa y Mediación Penal Judicial, que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.