El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a Antonio Catalán, de 64 años, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar ministro de un culto, como delito continuado, a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento.
Judiciales09 de septiembre de 2022
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El juicio tuvo lugar durante los días 16, 17 y 29 de agosto del corriente año con la actuación unipersonal del juez Pellegrino, la participación de la fiscal Ana Laura Ruffini y el defensor particular Ariel García.
Los hechos ocurrieron sin poder precisar fecha exacta desde comienzos del año 2018, hasta diciembre del año 2019, cuando el acusado abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la damnificada en el domicilio de la misma, quien al momento de los hechos tenía 15 años de edad.
En los alegatos de clausura, la fiscal solicitó la aplicación de una pena de ocho años de prisión. En tanto, la defensa técnica del imputado al momento de alegar solicitó la absolución de su defendido.
Pellegrino expresó en el fallo que la causa investigada, “comparte las características propias de las investigaciones sobre delitos de contenido sexual, debido a que se producen en la intimidad, de forma ´intra muros’, en ausencia de testigos, con dificultad para la obtención de pruebas directas que objetivasen su producción, en un ambiente de conocimiento habitual, donde el abusador tiene acceso irrestricto a la víctima. Además, influye el miedo provocado en la víctima, ya sea para contar lo ocurrido o de no resultar creída en caso de hacerlo y, por último, el deterioro en el recuerdo, que el paso del tiempo trae aparejado entre la ocurrencia de los hechos y la puesta en conocimiento”.
En referencia a la situación de la víctima el juez agregó que “estas condiciones de vulnerabilidad, merecen una especial protección por parte de los organismos estatales, por lo que debe ponerse de relieve que el presente hecho debe ser analizado con perspectiva de género y observándose el interés superior del niño, teniendo especial consideración en las previsiones que han efectuado tanto la legislación nacional como supra nacional al respecto”.
“A pesar que la damnificada en la actualidad ya es mayor de edad, los abusos ocurrieron cuando la misma era menor (…). El contexto de vulnerabilidad en que se hallaba, tornó posibles los abusos” expresó Pellegrino.
En cuanto a la calificación jurídica el magistrado coincidió con la tesis fiscal, en referencia a la existencia de abusos sexuales con acceso carnal, agravados por resultar el imputado ministro de un culto “ cometidos contra una menor que no tuvo posibilidad alguna de consentir libremente los mismos, ni ejercer oposición para que los mismos no fueran llevados a cabo. La ascendencia religiosa que el imputado tenía sobre la damnificada influyó de manera determinante para que los abusos pudiesen producirse”.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
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Un desperfecto mecánico provocó un incendio que consumió casi por completo el vehículo de un alambrador de Speluzzi. Bomberos lograron extinguir las llamas y no hubo personas heridas.
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Las municipalidades enfrentan un desafío financiero para definir si podrán pagar el bono de 300 mil pesos otorgado por la Provincia a empleados estatales. Mientras tanto, intendentes ya solicitan reuniones con el Gobierno provincial.
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