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BUENOS AIRES | En una reunión de la Auditoria General de la Nación (AGN), la mayoría oficialista aprobó ayer un documento en el que validó los diez contratos que el Gobierno acordó con los laboratorios para la compra y provisión de vacunas contra el COVID-19, y definió mantener en estricta confidencialidad todas esas actuaciones.
La decisión provocó un enérgico rechazo de los auditores que pertenecen a Juntos por el Cambio, que reclamaban un control más exhaustivo sobre la adquisición de las inoculaciones. Así, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe oficial.
Los miembros de la oposición, encabezados por el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez (UCR), y los miembros Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Alejandro Nieva (UCR), exigieron explicaciones al Gobierno sobre los criterios y en qué condiciones se rubricaron las operaciones de compra-venta que demandaron una inversión sanitaria para el Estado de USD 1.737 millones.
Lo que estaba bajo la lupa era la firma de los contratos que se firmaron en medio de la pandemia con los laboratorios AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer.
Encabezada por Jesús Rodríguez, la reunión en la sede de la Auditoría arrancó a las 11.30. Además de los miembros de la oposición, de parte del oficialismo estuvieron los auditores Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, María Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Strada.
Forlón, ex director del Banco Nación y actual titular de la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, estuvo a cargo de dar las explicaciones del dictamen de la mayoría, y de repasar, contrato por contrato, las características de cada operación.
El resto del bloque oficialista dio fundamentos sobre las razones para mantener en secreto los convenios cerrados con los laboratorios, en alusión a la ley de vacunas aprobada en diciembre de 2020. Aseguraron que, a partir de las cláusulas secretas incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios, no se pueden dar a conocer los detalles, ya que ello podría implicar eventuales sanciones y litigios.
Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, cuestionó el informe de los contratos de vacunas COVID-19 presentado por el oficialismo
Por otro lado, los auditores oficialistas indicaron que la reunión se trataba de una auditoría “de cumplimiento” de los contratos, por lo que el control solo debía ajustarse a formalidades contractuales.
Sin embargo, la oposición rechazó los argumentos, apuntó contra la “pobreza” de información del documento, y aseguró que el secreto solo se impone a las cláusulas expresamente confidenciales, como las que refieren a los detalles técnicos de las vacunas o aspectos de la negociación.
“El Ministerio de Salud publica en su página web más información sobre los contratos firmados que este informe de auditoría. La AGN termina siendo más papista que el Papa”, cuestionó Pichetto.
En ese marco, Rodríguez acompañó las postura de Pichetto y Nieva y rechazó el contenido del documento que se terminó aprobando con los votos del oficialismo. “En 30 años de la Auditoría es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, dijo el titular de la AGN.
En una de sus intervenciones, Forlón replicó: “Nuestra misión es auditar, no tenemos que explicar a la gente nada. Ustedes no han leído el informe, no pretenden una buena auditoría”.
El texto de la oposición apuntaba a esclarecer cuestiones sobre si cada contrato contaba con su correspondiente asignación presupuestaria, si se cumplieron todas las etapas previstas normativamentes, si los pagos se realizaron conforme a los convenios rubricados, y si los pagos parciales se imputaron correctamente.
Entre los convenios que en Juntos por el Cambio tienen sospechas figura el acuerdo con el laboratorio de AstraZeneca, que tuvo diversos incumplimientos a lo largo del contrato.
La diputada nacional Graciela Ocaña envió una nota al presidente de la AGN para que se le remita el informe aprobado ayer, a pesar de que fuera declarado “reservado”. La solicitud lleva la firma de una treintena de diputados del interbloque opositor de Juntos por el Cambio.
