En el marco de un conflicto histórico, el Ejército Argentino denunció ante la Justicia Federal a una comunidad mapuche por la usurpación de un predio ubicado a pocos kilómetros de Bariloche.

La presentación judicial la realizaron en octubre pasado las autoridades de la Escuela Militar de Montaña.

El predio en conflicto abarca 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, a 9 kilómetros del centro de Bariloche, al pie del cerro Otto. Allí la comunidad Tripay Antú lleva adelante un proyecto agrícola, cuenta con invernaderos e incluso tiene como sustento la comercialización de hortalizas orgánicas y otros productos.

La comunidad mapuche, a diferencia de las familias que usurparon tierras en Villa Mascardi, cuenta con reconocimiento institucional de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tramitó de forma pacífica su personería jurídica.

Según explicaron desde la comunidad, su asentamiento se remonta a 160 años atrás, antes de la llegada del Ejército, a quien Parques Nacionales cedió “en custodia” la propiedad de las tierras. Incluso recuerdan varios intentos de desalojo donde les “tiraron abajo las casas y mataron animales”.

Lo paradójico del caso es que el Estado, a través del INAI, reconoce la preexistencia de la comunidad en esas tierras, mientras que el Ejército Argentino lo ignora y la denuncia por usurpación.

La puja no es reciente. En el año 2018, el 21 de mayo, la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días transfiera a título gratuito el dominio de esas tierras fiscales al INAI, para su posterior adjudicación en carácter de propiedad comunitaria a la lof.

El fallo sostiene que "la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas" y que "el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI".

Sin embargo la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia, argumentando que en dicho proceso no había tenido participación el gobierno de Río Negro.

En el fallo entendió que toda disputa que implique el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan constituye el ejercicio de una competencia concurrente con las provincias, según el segundo párrafo del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

El Ejército Argentino, en todas sus presentaciones, argumentó que las tierras en litigio son utilizadas para las prácticas militares, a pesar de que no existe documentación que así lo acredite. Se trata de un caso similar al que involucra a la comunidad Millalonco Ranquehue, instalada en un espacio contiguo, que también es disputado entre el Estado y los mapuches.

Los representantes del Pueblo Originario, por su parte, pretenden tener los títulos de propiedad para acceder a servicios públicos que les permitan desarrollar sus actividades productivas.

Fuentes judiciales dijeron a Infobae que “se trata de un litigio histórico entre el Ejército Argentino, que tiene la titularidad de las tierras, y la comunidad mapuche, cuya preexistencia en el lugar está documentada”.

En la actualidad el proceso se encuentra en plena discusión. Fuentes con acceso al expediente dijeron que “resulta contradictorio que el Estado Nacional reconozca la preexistencia de la comunidad mapuche y, a través de otro organismo, intenta despojarla para tomar posesión de las tierras”.

Villa Mascardi

El conflicto de tierras en Villa Mascardi y la intención del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, de otorgar tierras fiscales a quienes integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, aporta más confusión a las disputas territoriales en la Patagonia.

 El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se reunió con comunidades mapuches de Villa Mascardi
En ese caso, el Gobierno Nacional busca beneficiar a quienes integran esa agrupación mapuche, a pesar de que sus integrantes están procesados por distintas causas judiciales – por usurpación y atentados vandálicos- y no cuenta con el reconocimiento del INAI.

Días atrás el organismo que conduce Horacio Pietragalla propuso entregarles 10 hectáreas fiscales en inmediaciones del lago Guillelmo y construirles tres viviendas para que se instale quien se proclama como la líder espiritual del grupo junto a su familia y colaboradores.

La actitud zigzagueante del Poder Ejecutivo en relación a la temática. desorienta incluso a funcionarios de la Justicia Federal. “Por un lado el Estado denuncia a una comunidad mapuche por usurpar tierras y en simultáneo quiere beneficiar a otro grupo, sin importar siquiera que no están reconocidos ni cuentan con avales legales. Resulta, al menos, contradictorio”, denunciaron.