Cuatro fondos demandaron al país por la alteración de las estadísticas oficiales durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Por aquel entonces Moreno dijo estar protegiendo la economía de los argentinos, algo que a la larga parece no haber resultado muy favorable para nuestro país.
Nacionales 05 de abril de 2023
InfoTec 4.0
NACIONALES | Tras el fallo desfavorable por la expropiación de YPF, Argentina sufrió un nuevo revés en tribunales internacionales por conflictos derivados del manejo económico durante el gobierno de Cristina Kirchner y deberá pagar otra cifra millonaria.
Esta vez, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a cuatro fondos buitres y condenó al país a pagar 1330 millones de euros a tenedores de los cupones atados al crecimiento del PBI por la presunta alteración de las estadísticas oficiales, según informó la agencia Reuters.
La acción en la Justicia londinense fue llevada adelante por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que en 2019 se sumaron a una ola de demandas contra Argentina por parte de tenedores de los cupones atados al PBI que Argentina emitió en 2005.
El juez Simon Picken determinó que Argentina debe pagar a los cuatro fondos 643 millones de euros más intereses, pero también dictaminó que el país debe abonar en total 1.330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los demandantes poseen aproximadamente el 48%.
La abogada que representa a Argentina, Tamara Oppenheimer, adelantó que es probable que solicite permiso para apelar el fallo.
Los fondos argumentaron que la Argentina manipuló los datos de crecimiento para evitar pagar el cupón PBI, un atractivo que el gobierno de Néstor Kirchner sumó al canje de 2005 para sumar a los bonistas.
Pero los acreedores se sintieron perjudicados por un cambio aplicado en 2014 por la gestión de Axel Kicillof respecto a la forma en que el intervenido Indec medía el PBI, lo que en los hechos produjo una baja del crecimiento de 2013. Esa cifra quedó apenas por debajo del 3,26% que habilitaba el pago del cupón PBI.
Estadísticas dudosas
Los Valores Negociables Vinculados al PBI son instrumentos utilizados en 2005 por los por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Determinaba pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba 3%. fueron apodados como “cupones PBI”.
El título de deuda, que se emitió en distintas monedas, fue pensado como un endulzante para los bonistas que entraron a los canjes de deuda llevado adelante ese mismo año. La Argentina pagaría más si su economía crecía.
Guillermo Nielsen, en ese entonces secretario de Finanzas, y Roberto Lavagna, ex ministro de Economías, condujeron el canje de deuda de 2005 en el que nacieron los cupones PBI.
La emisión poco ortodoxa tuvo dificultades para ser valuada por sus tenedores, que inicialmente no les asignaron valor alguno. Pero con el tiempo se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a “tasas chinas” de esa primera década del siglo.
Sin embargo, a partir de 2012 no se registraron más desembolsos. Los datos de PBI que publica el Indec fueron afectados por la manipulación de las estadísticas de inflación en las que incurrió el organismo desde el año 2007 y, con ellos, el sentido de los cupones se desvirtuó.
En marzo de 2014, el ex ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido de 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI -en diciembre de ese mismo año-, por un total de USD 3.000 millones.
Un mes antes, en febrero, el Indec sostuvo que la economía había crecido 4,9% en 2013, según la estimación hecha con base de cálculo en 1993, pero desde el 1° de enero se optó por aplicar una nueva metodología para calcular el PBI, con base en 2004.
La semana pasada la Justicia de Nueva York determinó que el país deberá pagar una indemnización (todavía no determinada pero que los demandantes estiman entre 8 mil y 20 mil millones de dólares) por la expropiación de YPF y el presunto perjuicio a los accionistas minoritarios.
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