La ministro de Seguridad, Nancy Sosa, accionó contra los últimos dos funcionarios que ocuparon ese cargo en el gobierno anterior e incluyó al intendente de La Toma porque armaron un contrato para refaccionar varias dependencias policiales de esa localidad, Anastasi y Latini le dieron cuantiosos adelantos a Ali para hacer los trabajos y nunca se hizo nada para mejorar los edificios.
Regionales04/01/2024
InfoTec 4.0
SAN LUIS | La ministro de Seguridad, Nancy Sosa, interpuso una denuncia penal contra dos funcionarios de la gestión anterior, Luciano Anastasi y Claudio Latini, los últimos ministros de Seguridad que sirvieron en la administración saliente; más el intendente de La Toma, Ernesto Ali. La acusación es por haber cometido delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
Cuando Sosa asumió en la cartera, encargó una evaluación de las obras y el mantenimiento de varias dependencias policiales, entre ellas las ubicadas en la ciudad de La Toma. Según la denuncia, se encontraron allí con “una seguidilla de contratos firmados con la Municipalidad para refaccionar y reacondicionar el destacamento del cuartel de bomberos, el sector de Criminalística, Investigaciones y Canes y la Comisaría de la Mujer, más el comedor de la Unidad Regional”.
Lo que advirtió el relevamiento llevado a cabo por la arquitecta Leila Vega es que “si bien los anticipos de estas obras fueron abonados de manera excesiva, superando ampliamente lo establecido en dichos contratos (30%), la realidad demostró que jamás se concretaron siquiera parcialmente, quedando en estado de absoluta decrepitud y abandono edilicio”.
Sobre Anastasi y Latini pesa la acusación de ser los responsables de la contratación, el pago adelantado excesivo y la falta de control de las obras. Y sobre Ali, el hecho de haber sido el contratista que no cumplió con los trabajos.
Ante la falta de actividad, el 30 de noviembre del año pasado se rescindieron los contratos, obligando al Municipio a entregar la obra en el estado en el que se encontrase. El problema es que ya se había pagado una buena parte de los comprometido y los trabajos no avanzaron “siquiera en un 1%”, según consta en la denuncia, lo que constituye un típico caso de fraude a la administración pública.
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