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La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos, consignó el portal Infobae.
Marijuan ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar. Como era de esperar la provincia de Buenos Aires es la que registra un mayor número de empleados públicos que, a su vez, recibían el beneficio del estado nacional.
El resultado fue el siguiente:
Buenos Aires 2.243; Tucumán registra 1.145; La Rioja, 1.060; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; La Pampa, 25; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias fueron las más rezagadas en responder el requerimiento fiscal y fueron intimadas dos veces.
La normativa del Potenciar Trabajo era clara destacaba que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y Pettovello a Capital Humano, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- junto al programa alimentario.
