El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
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El magistrado, tras la realización del juicio oral, dio por probado que el imputado “abusó sexualmente, mediante tocamientos y de manera continuada” de la niña, “aproximadamente desde que tenía 11 años y hasta que tuvo 12, en oportunidades en que ella se quedaba en la casa donde vivían el acusado y su concubina, hermana de la víctima”.
Miguez Martín sostuvo, en los fundamentos de la sentencia, que “en mi consideración, la representante del Ministerio Público Fiscal (la fiscala Eugenia Paola Bolzan) logró conformar un sólido grupo probatorio. El testimonio de la niña, que se erigió como la prueba directa de mayor relevancia, se vio corroborado por una importante variedad de indicios graves, precisos y concordantes, tal como exige la ley 26485 al precisar la interpretación que debe hacerse del principio de amplitud probatoria”.
“Por otra parte –acotó–, la hipótesis defensiva referida a la imposibilidad material de que los tocamientos hubieran ocurrido, se vio desvirtuada por lo producido durante el debate oral”. Los defensores particulares del agresor sexual fueron los abogados Juan Carlos Resia y David Edgardo Bravo.
Bolzan, al momento del alegato final, había requerido una pena de cinco años de prisión y calificó a los hechos como abuso sexual simple, contra una menor de 13 años, agravado por ser el autor encargado de la guarda, como delito continuado, en el contexto de las leyes 26485 y 26061. Consideró como agravantes la conducta del imputado implicó violencia hacia la niñez y el género; que la víctima se encontraba en un mayor grado de indefensión; y su corta edad y la pluralidad de ocasiones.
La defensa, en cambio, planteó la absolución porque los hechos no pudieron demostrarse y negó la existencia de la guarda. Subsidiariamente Resia y Bravo también alegaron por la absolución por el beneficio de la duda.
El juez, al calificar legalmente lo ocurrido, descartó el agravante de la guarda y remarcó que, en función del delito, podía caberle una pena de seis meses a cuatro años de prisión. Para fijarla en tres años valoró como atenuante la falta de antecedentes registrables del imputado. En cambio, enumeró como agravantes la edad de la niña, su vulnerabilidad, la pluralidad de ocasiones abusivas y que la conducta del imputado “implicó violencia hacia la niñez y de género (…), prácticas respecto de las cuales la sociedad argentina en su conjunto está realizando un enorme esfuerzo por erradicarlas”.
Finalmente, en la parte resolutiva del fallo, Miguez Martín le fijó al acusado el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años (fijar domicilio, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, no acercarse a menos de 300 metros de la víctima y su domicilio ni mantener contacto con ella, y realizar un tratamiento psicológico) y, además, dispuso una vez que quede firme, que el condenado sea incorporado al Registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual y que, por intermedio de la Agencia de Investigación Científica, se obtengan muestras para lograr su identificación genética.
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
El juez de Control de la IV Circunscripción Judicial, Carlos Espínola, condenó a J.D.V., de 69 años, a una pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple en contexto de violencia infantil y de género. La sentencia, emitida en el expediente 9822/0, responde a la denuncia presentada por la madre de la víctima, una adolescente menor de edad.
En una resolución emitida por mayoría, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa revocó un fallo de primera instancia condenatorio contra la Municipalidad de Guatraché, y concluyó que un siniestro vial ocurrió porque el motociclista conducía “en estado de embriaguez, sin casco y por encima de los límites de velocidad”; y no por falta de buena señalización de un tambor de 200 litros que estaba colocado en la entrada y salida a la laguna de esa localidad.
La acusada, de 35 años, fue imputada por agredir físicamente a su hija menor de 11 años, empleando un caño plástico, lo que resultó con lesiones. El juez de Control, Carlos Roberto Espínola, dictó la sentencia número 95/2024 en el caso contra M. R. O. C., acusada de lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia familiar.
La Cámara Federal de Mendoza declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad que se había aprobado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Esta madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, cuatro personas perdieron la vida en un accidente vial en el kilómetro 351 de la ruta nacional 34, entre las localidades de La Rubia y Arrufó, en la provincia de Santa Fe. El siniestro ocurrió cuando un automóvil Renault Sandero, que circulaba en dirección norte, chocó de frente contra un camión.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
Adrián "Nino" Bonivardo fue arrestado nuevamente, acusado de estafas en la gestión de viajes al extranjero. Con tres denuncias en su contra, incluyendo la de su propia agencia, Bonivardo enfrentará una audiencia este jueves, donde se decidirá su situación judicial.
Dos jóvenes de José C. Paz, Buenos Aires, fueron detenidos en un operativo en Fortín Pampa tras ser acusados de intentar extorsionar a mujeres adultas mayores en Intendente Alvear. Este jueves enfrentarán cargos en General Pico.
