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En particular, los diputados cuestionaron la ley impositiva 2025, destacando que no representa una reducción real en la carga fiscal, sino que mantiene estructuras impositivas “ilegales e inconstitucionales” como el SIRCREB. Este sistema, creado como un mecanismo cooperativo entre provincias para el cobro de ingresos brutos de empresas con sucursales en varias jurisdicciones, ha sido utilizado para “esquilmar” a trabajadores y empresarios de La Pampa, señalan. Además, critican nuevas medidas como la persecución a vehículos no registrados en la provincia, pero que son utilizados laboralmente en la jurisdicción pampeana, así como el aumento fiscal a través de la DNRPA, con valores más altos para la transferencia de vehículos.
Otro punto de fuerte oposición es la transformación del Banco de La Pampa en una sociedad anónima, una decisión tomada por el directorio sin el respaldo de una modificación legislativa, lo que consideran una maniobra inconsulta y sin fundamentos legales. Este cambio también fue ratificado por el gobierno a través de una ley que, según el Bloque Comunidad Organizada, no tiene base jurídica suficiente.
En cuanto al presupuesto en sí, los diputados destacan la falta de transparencia en la inclusión de fideicomisos como herramienta presupuestaria, que, aseguran, no responden a necesidades productivas ni sociales, sino que funcionan como mecanismos para eludir controles y ocultar grandes sumas de dinero sin rendir cuentas. A pesar de los reiterados pedidos de información, estos fideicomisos han sido estructuras vacías, sin resultados claros ni informes detallados.
Asimismo, el bloque criticó la falta de asignación de recursos para áreas fundamentales como Seguridad, Educación y Salud, mientras que se destinan 3.500 millones de pesos a publicidad y propaganda oficial. Este gasto, señalan, no responde a las necesidades reales de la población, sino que está orientado a la promoción del gobernador y su espacio político bajo el lema “La Pampa Trabaja”.
En un giro hacia propuestas concretas, los legisladores sugirieron que esos recursos destinados a publicidad se usen para fortalecer áreas críticas como la seguridad y la emergencia, con inversiones en equipamiento para la policía y los bomberos, así como programas de capacitación.
La crítica también se extendió a la asignación de partidas millonarias a proyectos sin justificación, como la producción de leche y medicamentos que nunca se concretaron, o la gestión del autódromo provincial, cuyo mantenimiento ha costado 300 millones de pesos anuales sin ofrecer resultados tangibles. Estas decisiones, según el bloque, demuestran un desvío de los recursos y un mal manejo de los fondos públicos.
Finalmente, el Bloque Comunidad Organizada calificó el presupuesto como “mentiroso”, argumentando que, aunque se justifica bajo la premisa de atender las necesidades básicas derivadas de la crisis, el gobierno sigue destinando grandes sumas de dinero a proyectos millonarios que no abordan problemas urgentes, como la falta de viviendas, mientras continúa con obras innecesarias, como la construcción del edificio de Canal 3 o el fideicomiso para una bodega pampeana.
Con estas críticas, ratificaron su oposición a un presupuesto que consideran alejado de las prioridades reales de la provincia y de los pampeanos más necesitados.
