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BUENOS AIRES | La Justicia federal de Campana ordenó este jueves levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de fraude, malversación y corrupción relacionado con el sistema de fotomultas y la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A pesar de que el ministro aún no ha sido imputado, el juez federal Adrián González Charvay dictó una serie de medidas solicitadas por el fiscal federal Sebastián Bringas, que incluyen investigaciones sobre las cuentas bancarias y transacciones de D’Onofrio y otros implicados.
La denuncia original fue presentada el 5 de septiembre por Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que suministra tecnología para el cobro de infracciones de tránsito. Camani observó una caída significativa en la recaudación de su empresa y vinculó la merma a un sistema paralelo de gestores que, a cambio de pagos, eliminaban multas del sistema oficial. Además, la causa incluye sospechas de irregularidades en las contrataciones de concesionarias de la VTV en la provincia de Buenos Aires.
El juez González Charvay solicitó al Banco Central información sobre las cuentas de los investigados y requerimientos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para identificar posibles operaciones sospechosas. También se pidió información sobre las sociedades comerciales que D'Onofrio y Claudia Pombo, concejala de Pilar y persona vinculada al ministro, podrían tener en España. La fiscalía sospecha que una de estas sociedades, Cattleya Blue SL, podría estar vinculada al negocio clandestino de eliminación de multas y otros actos ilícitos.
El ministro D’Onofrio ha rechazado las acusaciones y sostiene que el sistema informático utilizado para gestionar las multas no permite su eliminación de manera ilegal. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema. Puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos el peritaje informático para demostrar que esta denuncia es falsa”, afirmó.
El caso también involucra a Claudia Pombo, quien, según las investigaciones, habría coordinado la red de gestores involucrados en la trama. Pombo, que recientemente fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar, ya tiene antecedentes judiciales por peculado, cuando fue acusada de desviar fondos públicos en su función anterior.
El empresario Sebastián Desio, vinculado a la concesión de la VTV, también está siendo investigado por su rol en el supuesto cobro irregular de tarifas a través de las concesionarias. Se sospecha que algunos contratos de la VTV habrían sido firmados gracias a la intervención de D’Onofrio y otras figuras políticas, lo que lleva la causa a investigar posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El ministro D’Onofrio ha negado cualquier implicación en los hechos investigados, calificando las acusaciones de "operación política". Desde su entorno, insisten en que la investigación está en sus etapas iniciales y que el peritaje informático podría esclarecer la situación, mientras que el gobierno provincial ha expresado su apoyo al funcionario.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades judiciales continúen con las pesquisas para determinar si existe un fraude organizado que afectó tanto al sistema de multas como a la administración de la VTV en la provincia de Buenos Aires.
