Comunidades indígenas de La Pampa y referentes nacionales repudiaron la decisión del Gobierno nacional de derogar la Ley 26160. Advierten que la medida busca favorecer la explotación minera y amenaza con desalojos en territorios ancestrales.
Provinciales17/12/2024
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SANTA ROSA | Representantes de pueblos originarios pampeanos se reunieron en MEDASUR para manifestar su rechazo a la derogación de la Ley 26160, impulsada por el Gobierno nacional. La medida, anunciada el pasado 10 de diciembre por el presidente Javier Milei, permitiría el avance de la explotación minera en territorios ocupados por comunidades indígenas.
El secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero, expresó que estas políticas “nos hacen retroceder” y destacó que el Gobierno provincial, encabezado por Sergio Ziliotto, rechaza estas decisiones. “Es una cuestión de crear conciencia nacional porque las comunidades no son enemigas del pueblo argentino ni de la Nación. Es un compromiso que nos involucra a todos”, afirmó Lucero.
Por su parte, Pedro Coria, del Consejo Provincial Indígena, denunció que desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se buscan acuerdos con autoridades provinciales y comunidades para avalar la explotación minera, particularmente de litio. Coria señaló que el presidente Milei considera que la Ley 26160 “complica la actividad empresarial” y que la derogación implica desalojos y desplazamientos forzados.
Comunicado de las comunidades
Durante el encuentro, Ayelén Morales, representante de la Asociación de Pueblos Aborígenes, dio lectura a un comunicado firmado por diversas comunidades del Pueblo Rankulche y Mapuche. El texto califica al gobierno de Milei como “fascista y exterminador” y denuncia que la derogación de la Ley 26160 atenta contra los derechos de las comunidades.
“La derogación de la ley facilita el desalojo de nuestras tierras y el saqueo de recursos naturales, violando la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, de obligatorio cumplimiento”, expresaron. También pidieron a diputados y senadores nacionales que rechacen el decreto y llamaron a un repudio generalizado en los distintos Concejos Deliberantes y legislaturas provinciales.
Finalmente, el comunicado subrayó: “Nosotros, los pueblos originarios, no somos ni seremos enemigos del pueblo argentino. Defenderemos la integridad de nuestro país hasta lograr la reparación histórica que nos corresponde”.
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