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El Tribunal Oral 2 lo considera “equiparable al patio para los presos comunes”


Una mujer domiciliada en Victorica fue condenada a pagar una multa por ser autora del delito de injurias, al publicar en el muro de su Facebook una serie de publicaciones “a conciencia y con voluntad de desacreditar” a un hombre con quien ella y su esposo habían mantenido una amistad.
Judiciales19/02/2025
InfoTec 4.0






VICTORICA | La imputada realizó una serie de comentarios en su red social, durante los primeros días del año, calificando al damnificado de “mala persona, egoísta, mentiroso, quilombero” y expresando que “el pueblo ya se dio cuenta de la mala persona que sos”, “hay que levantar firmas para que seas persona no grata” y “pusiste en peligro a inocentes”, entre otras frases. También lo acusó de “cagar” a su propia familia.


Antes de que el hombre promoviera la querella, le envió dos cartas documentos a la querellada, pero como no obtuvo respuestas el proceso concluyó con el juicio oral.
“La querellada cometió el hecho que se le endilgó. Esto fue así porque, del análisis del material probatorio y también de su descargo, no quedaron dudas que fue quien realizó las publicaciones en su muro de Facebook (…) Asimismo tampoco quedaron dudas del contenido injuriante de sus dichos y que los mismos estuvieron dirigidos a (…) a conciencia y con voluntad de desacreditarlo, quedando acreditado que al menos tres personas tuvieron conocimiento de ello; más allá de que surgió que muchas personas en Victorica también lo tuvieron”, indicó el juez en los considerandos de la sentencia.
Durante los alegatos finales, los querellantes Michel Divoy Martín y Jerónimo Altamirano requirieron que la mujer sea condenada por el delito de injurias y sancionada con la multa máxima de 20.000 pesos. La defensora oficial, María Soledad Trímboli, en cambio, sostuvo que no hubo delito sino “un intercambio de insultos por Facebook” y por eso pidió su absolución y, subsidiariamente, en caso de ser condenada, que la multa fuera la mínima de 1.500 pesos.
La injuria es un delito contra el honor y está descripto en el artículo 110 del Código Penal como “el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física”; acotando que “en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas, ni los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”. En el fallo, Pagano dijo explícitamente que este caso no era de interés público. La pena prevista es una multa que va de 1.500 a 20.000 pesos, según lo fijó el Congreso de la Nación.
Al disponer la pena, el magistrado descartó el pedido monetario de la querella argumentando que “la depreciación del peso, desde la redacción del artículo hasta la fecha, no es achacable a la querellada”, y en cambio aplicó el mínimo de 1.500 pesos.
¿Por qué? Porque tuvo en consideración como una circunstancia agravante que fueron varias publicaciones; pero a su vez valoró como atenuantes “la conducta anterior y posterior del querellante contra la querellada, y las consecuencias psicológicas sufridas” por la mujer como “consecuencia del accionar” del hombre.
Por esa última frase fue que Pagano, en la parte resolutiva de la sentencia, dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Victorica para que evalúe si el querellante cometió algún delito de acción pública en perjuicio de la condenada, debiendo tenerse en cuenta dos pruebas aportadas por la defensa (un informe elaborado por la Unidad de Violencia de Género de ese municipio y el testimonio de una psicóloga).
Ocurrió que, en su descargo, la mujer adujo durante el debate que las publicaciones fueron en respuesta a una denuncia que el querellante realizó en la policía contra ella y su pareja. Si bien Pagano dijo que las publicaciones de este último en su Facebook “serían difamatorias” contra aquellos, explicó que no podían ser un eximente para la mujer porque fueron posteriores a los hechos investigados; y por eso le dio actuación a la fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.​





El Tribunal Oral 2 lo considera “equiparable al patio para los presos comunes”

La Justicia de General Pico impuso cuatro años de prisión efectiva a tres de los acusados por la muerte de Gonzalo Muñoz, ocurrida en marzo de 2024 dentro de la Alcaidía de la Unidad Regional II. El tribunal los halló culpables del delito de homicidio en riña y ordenó investigar posibles responsabilidades del personal policial por fallas en las requisas.

El Ministerio Público Fiscal acaba de confirmar hace instantes el hallazgo y pidió retirar las publicaciones del pedido de búsqueda para resguardar su intimidad.

La mujer está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado por ocultar y destruir pruebas. El alcance con la AFA.

La senadora nacional por La Libertad Avanza sostuvo: “Esta mafia ensucia al fútbol argentino”.

El expediente que investiga una presunta maniobra de lavado vinculada al titular de AFA y Pablo Toviggino quedará a cargo del juez Marcelo Aguinsky. Los allanamientos y peritajes continúan en la estancia de Villa Rosa.







El joven tenía 21 años, era oriundo de Misiones y cumplía funciones de seguridad dentro de la residencia presidencial. Un soldado del Ejército Argentino de 21 años, identificado por sus iniciales R.A.G., fue hallado sin vida este martes dentro del perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos, donde prestaba servicio como parte del esquema de seguridad. El joven presentaba un disparo en la cabeza y, según las primeras investigaciones, la principal hipótesis es la de un suicidio.

El operario, empleado de la Cooperativa de Electricidad local, perdió la vida al caer desde una importante altura en un predio de la institución. La Justicia investiga las causas del hecho y aguardaba los resultados de la autopsia.

La proximidad de las fiestas de fin de año volvió a generar malestar entre comerciantes de Realicó, luego de que inspectores municipales comenzaran a distribuir un boletín informativo recordando los horarios obligatorios de cierre para los días 24 y 31 de diciembre, establecidos por la Ley Provincial N.º 2717. Según la normativa vigente, los comercios deberán cerrar sus puertas sin excepción el 24 de diciembre a las 18 horas y el 31 de diciembre a las 14, sin posibilidad de continuar la actividad ni siquiera con la presencia de los propios dueños.

Una situación inesperada generó alarma esta mañana en Embajador Martini, cuando la Escuela N° 30 debió ser evacuada de manera preventiva tras detectarse la presencia de un proyectil de mortero antiguo dentro del museo escolar. El artefacto se encontraba en exhibición desde hace años, pero una reciente consulta en internet advirtió que "podría tratarse de un elemento potencialmente peligroso".

Una creciente preocupación vecinal volvió a emerger en Bernardo Larroudé luego de nuevos episodios delictivos que vecinos atribuyen a un grupo de ex convictos que reside en la localidad desde hace años. Según denuncian, estas personas habrían sido traídas sistemáticamente por un hombre del medio —cuyo accionar cuestionan y cuya motivación desconocen— y, pese a las reiteradas quejas y antecedentes, continúan viviendo en el pueblo sin control ni acompañamiento institucional efectivo. Afirman desconocer por qué la provincia avala estas situaciones.

Un procedimiento policial realizado durante la tarde de este martes en Bernardo Larroudé permitió avanzar en el esclarecimiento del hurto ocurrido anoche en la localidad. Según confirmó a Infotec 4.0 el oficial principal Juan Ignacio Tolosa —actualmente a cargo temporal de la Departamental local— el allanamiento arrojó resultados positivos con el secuestro de una campera sustraída durante el hecho denunciado.

“Ni bien me enteré del hecho que sucedió en la jineteada, vi que había algo raro, que no podía ser”, dijo Ricardo Moccero, de Coronel Suárez.

Una intensa situación de emergencia se vivió este miércoles por la mañana en Embajador Martini, cuando un proyectil de gran porte y presunto origen militar obligó a evacuar la Escuela Primaria N° 30 “Conquista del Desierto”. El elemento, que formaba parte del museo institucional desde hace años, fue detectado como potencialmente peligroso tras ser observado por el personal del establecimiento, lo que motivó la activación inmediata del protocolo.







