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SANTA ROSA | La ocupación ilegal de los terrenos ocurrió en 2018 y desde entonces Marques ha intentado recuperar la propiedad a través de la Justicia. Si bien logró que ocho familias fueran incluidas en un proceso de desalojo, el panorama cambió en diciembre de 2023, durante los últimos días del Gobierno de Alberto Fernández, cuando el asentamiento fue registrado de urgencia en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Esta inclusión frena cualquier intento de desalojo y obliga al Estado a urbanizar la zona, lo que en la práctica "legitima" la ocupación.
El abogado asegura que la decisión del Concejo Deliberante de avanzar con la provisión de energía eléctrica termina de consolidar la pérdida de su propiedad, ya que el siguiente paso será la regularización definitiva del "barrio".
"Nunca fue casualidad que la gente buscara un terreno. Ahora se blanquea que detrás de la toma estaban todas las organizaciones", sostuvo.
Además, acusó al Ejecutivo municipal santarroseño de actuar en favor de los ocupantes sin siquiera haberle ofrecido una instancia de negociación: "Nunca me llamaron a negociar, nunca me ofrecieron comprarme la propiedad ni expropiármela. Ahora, el intendente facilita todo y convalida la toma", cuestionó.
