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NACIONALES | El FFTEF, creado en 1999, tenía como objetivo financiar la expansión del sistema de transporte eléctrico en alta tensión con fondos provenientes del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Sin embargo, recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía revelaron fallas en la administración y desvíos injustificados de recursos.
Entre las principales irregularidades detectadas se destacan:
✅ Falta de controles administrativos: ausencia de manuales operativos y registros integrales de gestión financiera, lo que dificultaba el control del destino de los fondos.
✅ Incumplimiento del reglamento de contrataciones: adjudicaciones irregulares y demoras en la ejecución de obras, lo que generó incrementos en los costos.
✅ Crecimiento desproporcionado del personal: en un año, la nómina pasó de 9 empleados en enero de 2023 a 45 en diciembre, en violación a la normativa vigente.
Reestructuración de los recursos energéticos
La disolución del FFTEF responde a una estrategia de reorganización de los fondos públicos, priorizando la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a infraestructura eléctrica. En este sentido, el decreto establece que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será destinado a obras de ampliación del sistema bajo la supervisión directa de la Secretaría de Energía.
A partir de ahora, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, asumirá el rol de comitente en los contratos de obra, garantizando la ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura.
Una medida en línea con otras disoluciones
Esta decisión se suma a la disolución de otros fondos fiduciarios, como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, todos eliminados en el marco de la política de reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Con esta nueva eliminación, el número de fondos fiduciarios disueltos asciende a más de siete, en un intento por sanear las cuentas públicas y mejorar la administración de los recursos del Estado.
