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NACIONALES | La resolución judicial se conoció este lunes y sostiene que aún existen incógnitas sin despejar respecto a las gestiones entre el Estado argentino y la firma estadounidense, especialmente frente al ritmo con el que se cerraron acuerdos con otros laboratorios. El tribunal —integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— consideró que la investigación no profundizó lo suficiente en los procesos de adquisición de vacunas.
En diciembre del año pasado, llamativamente el juez federal Ariel Lijo había archivado las denuncias, entendiendo que no había elementos suficientes para avanzar. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la decisión, al remarcar demoras injustificadas en el caso Pfizer y una falta de transparencia en el registro de las negociaciones.
Las denuncias que motivaron la reapertura fueron impulsadas por un grupo de diputados de la oposición y por familiares de personas fallecidas por COVID-19. En el fallo, los camaristas también remarcaron la importancia de determinar si existieron tratos desiguales con Pfizer frente a otros laboratorios con los que el país cerró acuerdos rápidamente, como en el caso de la vacuna Sputnik V.
El punto crítico gira en torno a que Argentina recién recibió dosis de Pfizer en septiembre de 2021, en contraste con otros países de la región que accedieron antes. Según datos oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID-19 en el país no contaban con el esquema de vacunación completo o las dosis de refuerzo.
La causa judicial ahora deberá avanzar con la recolección de nuevas pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido en el momento más crítico de la emergencia sanitaria global.
