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SAN LUIS | El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) despidió a Santiago Aurand, un ingeniero agrónomo con más de 20 años de trayectoria en el organismo, quien se encontraba bajo licencia psiquiátrica por largo tratamiento, pero fue detectado desempeñando funciones docentes en una escuela de San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Como consecuencia, además del cese laboral, el organismo le exige el reintegro de $55 millones por incompatibilidad e incumplimiento.
El caso se hizo público esta semana, cuando el propio Aurand brindó una conferencia de prensa en la sede de ATE San Luis, donde denunció que el sumario fue “una maniobra con mala intención” por parte de las autoridades provinciales del INTA, y que responde a una política de “persecución ideológica y vaciamiento” del organismo.
“Me hicieron un sumario a mis espaldas. Me quieren hacer pagar una multa que no puedo afrontar. Todo esto es parte de una persecución”, expresó el profesional, quien señaló como responsables al director Hugo Bernasconi y al coordinador Guillermo López, a quienes acusó de encabezar el operativo contra él.
“Licencia psiquiátrica reactiva”
Aurand explicó que la licencia que lo apartó del INTA tenía fundamentos médicos sólidos, ya que se trataba de una patología psiquiátrica reactiva generada por el ambiente tóxico en su lugar de trabajo. Aseguró que los certificados fueron avalados por los propios médicos laborales del organismo.
Durante ese período, continuó dictando clases en una institución educativa, situación que, según el INTA, violó el decreto de 1979 que prohíbe expresamente a un trabajador con licencia prestar servicios en otro empleo. Esa actividad paralela fue considerada por la institución como un perjuicio al Estado, de ahí el reclamo de reintegro económico.
“Dicen que desfalqué al Estado porque trabajé en la escuela pero no en el INTA. Pero 55 millones de pesos no los gano ni en 4 años de trabajo. Es una cifra absurda”, se defendió.
Denuncias cruzadas y clima tenso
Aurand fue jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA durante cinco años y es reconocido en San Luis por su trabajo con productores. Durante su intervención mediática, apuntó también contra el funcionamiento actual del área técnica del INTA, al que calificó de “desarticulado y dirigido por personas que ni siquiera terminaron sus estudios”.
Criticó duramente la política de capacitación del organismo: “A mí el INTA me pagó una maestría en sociología agraria. Me iba en micro a Neuquén durante tres años. Otros jefes arrancaron maestrías, no las terminaron, y hoy son directores. ¿Eso no es gasto perdido?”, ironizó.
También señaló irregularidades en el manejo de la comunicación durante su licencia: aseguró que nunca fue notificado adecuadamente de reuniones virtuales convocadas por Medicina Laboral porque no podía acceder a su correo institucional, algo que la institución no habría subsanado.
Contexto provincial: licencias bajo la lupa
El caso de Aurand se enmarca en un contexto más amplio. La Fiscalía de Estado de San Luis formalizó recientemente una denuncia penal contra el psiquiatra Franco Mastronardi, por haber otorgado más de 2.980 días de licencias médicas a empleados públicos. Entre los casos investigados figura el de una trabajadora que recibió licencia por agorafobia y viajó a España durante ese período. Mastronardi fue cesanteado por el Superior Tribunal de Justicia.
Aurand sostiene que su caso no tiene relación con prácticas fraudulentas y que, en cambio, obedece a su postura crítica dentro del organismo. Anunció que apelará la sanción económica y el despido, y buscará revertir su situación por la vía judicial.
