El agro desde el aire, entre producción y polémica: La Pampa una de las más restrictivas

NACIONALES | Argentina ocupa un lugar destacado a nivel internacional: es el tercer país con mayor flota de aviones agrícolas del mundo, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Miles de hectáreas se atienden cada año mediante aplicaciones aéreas, un método que, según los especialistas, resulta muchas veces más preciso y eficiente que el terrestre en determinadas condiciones climáticas y productivas.

Sin embargo, la actividad carece de una legislación nacional que la regule. En la actualidad, cada provincia —e incluso cada municipio— dicta sus propias normas, lo que deriva en un mosaico normativo desigual, con disposiciones que van desde regulaciones muy laxas hasta prohibiciones extremas.

“La mejor descripción es que todo esto es un enorme caos legal”, resume Cid en declaraciones al sitio Bichos de Campo. Como ejemplo, menciona la normativa pampeana que desde hace años busca reglamentarse y establece prohibiciones de pulverizaciones terrestres a 500 metros de las áreas urbanas y aéreas a 3.000 metros. “Esa distancia es directamente una locura, son normativas tan exageradas que afectan de lleno la producción”, advirtió.

 
El debate de fondo: prácticas, no distancias
El especialista fue pionero en señalar, incluso antes de que se hablara de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que la clave no pasa solo por limitar las distancias sino por cómo se realizan las aplicaciones.

“Si se hacen con conocimiento, capacitación y responsabilidad social, la seguridad es absoluta”, sostiene, en sintonía con el consenso internacional que promueve la aplicación responsable y monitoreada de fitosanitarios.

Pero, para que ese principio se convierta en norma, resulta indispensable un marco regulatorio nacional que garantice igualdad de condiciones, seguridad jurídica y previsibilidad tanto para productores como para aeroaplicadores.

Una ley demorada en el Congreso
La discusión sobre una ley integral de fitosanitarios no es nueva. Diversos proyectos han ingresado en el Congreso a lo largo de los últimos años, incluso con el respaldo de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, de la cual el propio Cid participó activamente.

No obstante, ninguno prosperó. “Hay una falta de interés de nuestros diputados y senadores en temas que hagan a la producción y no solamente a las reelecciones”, lamentó.

Mientras tanto, la ausencia de una normativa clara no solo genera incertidumbre económica y jurídica, sino que expone a riesgos a los propios aplicadores, quienes muchas veces trabajan en un vacío legal o bajo disposiciones restrictivas que no contemplan la realidad productiva.

Aportes desde el INTA y la ciencia
Ramiro Cid fue también el impulsor de convenios claves en este ámbito. En 2021, coordinó junto a la investigadora Jorgelina Montoya un acuerdo de cooperación entre el INTA y Fearca (Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas).

“Vi que el INTA tenía unos 6.000 empleados y nadie se especializaba en aplicaciones aéreas. Me pareció imprescindible tener un convenio para profundizar conocimientos”, recordó.

El acuerdo permitió acercar el mundo científico al sector productivo, generando información validada sobre la actividad y mejorando la capacitación técnica. Además, abrió la puerta para que los aeroaplicadores contaran con sustento institucional a la hora de reclamar un marco regulatorio más justo.

Una herramienta imprescindible para el campo
El especialista insiste en que la aviación agrícola no es un lujo, sino una necesidad. En campañas agrícolas cada vez más intensas, con fenómenos climáticos adversos y exigencias de producción sostenida, el avión se convierte en un aliado insustituible.

“El avión es imprescindible. Necesitamos llegar a un marco legal adecuado y que contemple todas las situaciones”, concluyó Cid, dejando en claro que el desafío de ordenar el “caos legal” sigue pendiente en la agenda nacional.

Con estas declaraciones, el debate sobre una Ley Nacional de Fitosanitarios vuelve a estar sobre la mesa. Mientras tanto, Argentina continúa aplicando a gran escala con una de las flotas aéreas más importantes del planeta, pero bajo un entramado legal fragmentado que genera más dudas que certezas.