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NACIONALES | La norma establece que las pensiones serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de que los beneficiarios puedan trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
En relación a los prestadores, la ley dispone que se saldarán las deudas acumuladas y que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas se ajustarán de manera mensual según los índices de inflación del INDEC. Además, el Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar una compensación de emergencia con recursos del Tesoro.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal por el incremento de las pensiones implicará un refuerzo de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios, que podría variar entre 493 mil y 946 mil nuevas altas.
Por otra parte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá a su cargo una auditoría integral para evaluar de forma justa y transparente cada caso, garantizando el debido proceso inclusivo y notificaciones claras para los beneficiarios.
La ley también incluye un incentivo para la inserción laboral: los empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad en puestos de tiempo indeterminado quedarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas jubilatorias durante tres años.
Con esta sanción, el Estado busca revertir el atraso en los pagos, mejorar la cobertura y garantizar derechos, al tiempo que se abre la puerta a una mayor inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
