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NACIONALES | Los operativos se realizaron en barrios privados de Pilar y Berazategui, así como en una sucursal del Banco BBVA en Almagro, y apuntaron a propiedades y bienes vinculados a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos del organismo.
Durante uno de estos procedimientos, los investigadores localizaron una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo en la que hallaron 80.000 dólares. No se encontró documentación que respalde el origen del dinero, pero sí movimientos de efectivo que ahora serán objeto de pericias judiciales. La fiscalía deberá determinar si los fondos estaban declarados y si forman parte de un posible circuito irregular de pagos en el marco de una supuesta red de sobornos vinculada a contrataciones del Estado.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario, prorrogado hasta el 19 de septiembre, y ya lleva veinte días en trámite. La investigación apunta a comprobar la existencia de un esquema de coimas que habría involucrado a funcionarios del gobierno nacional, exautoridades de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. Los acusados podrían haber participado en cobros y pagos ilegales relacionados con la provisión de medicamentos, configurando delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la ley de Ética Pública.
En paralelo, el juez Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, en el marco de una investigación que también apunta a la manipulación de pruebas y a intentos de entorpecer la labor judicial.
El consultor político Fernando Cerimedo declaró como testigo y negó haber grabado o filtrado los audios. Sin embargo, confirmó que Spagnuolo le había hablado en varias ocasiones sobre corrupción y posibles coimas en la provisión de medicamentos, corroborando lo que se escucha en los registros filtrados.
Además, la fiscalía solicitó a los barrios privados donde residen Spagnuolo, Daniel Garbellini —otro exfuncionario de la ANDIS— y los hermanos Kovalivker, los registros de ingresos y egresos desde comienzos de 2024, así como documentación bancaria y fiscal de todos los involucrados. Esto permitirá rastrear movimientos financieros compatibles con un posible circuito de sobornos.
La investigación también sufrió un hecho inesperado: los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron alegando “motivos personales”, generando incertidumbre sobre la estrategia de defensa del exfuncionario.
Los allanamientos tuvieron como objetivo principal el secuestro de correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a contratos de la ANDIS y Suizo Argentina, especialmente expedientes de compras de medicamentos considerados piezas clave para reconstruir la presunta trama de pagos.
La denuncia inicial involucró a figuras de alto nivel político, incluyendo al presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al funcionario Eduardo “Lule” Menem, a los empresarios Kovalivker y a Spagnuolo, todos supuestamente implicados en la red de cobros ilegales con impacto directo en fondos públicos destinados a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.
Con la continuidad de los operativos y el hallazgo de dinero en efectivo en la caja de seguridad de Spagnuolo, la causa se consolida como uno de los expedientes más sensibles del escenario político y judicial actual. Testimonios, documentación y seguimientos financieros serán claves para determinar la extensión de la presunta trama de corrupción y sus principales responsables.
