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BUENOS AIRES | Al anunciar la aprobación de la ley, Santalla afirmó: “Con la sanción de esta medida damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires”. En esa línea, subrayó que no se trata de prohibir la tecnología, sino de “organizar su uso, ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase”.
Razones detrás de la decisión
El informe PISA 2024 reveló que Argentina lidera los niveles de distracción en las aulas por el uso de dispositivos: más del 50% de los alumnos de 15 años reconoció perder concentración debido al celular propio o al de sus compañeros.
En Buenos Aires, el 54% de los estudiantes admitió sufrir distracciones durante la jornada escolar, lo que repercute en su capacidad de atención, desarrollo emocional y rendimiento académico. El Operativo Aprender 2024 reforzó la alarma: más de la mitad de los alumnos se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, hecho que las autoridades vincularon con la necesidad de reducir distractores y reforzar la enseñanza.
Experiencias en otras provincias
La provincia de Buenos Aires se suma así a Neuquén y Salta, que ya cuentan con normativas similares. En Neuquén, la Ley N° 3520 prohíbe celulares en niveles inicial y primario, mientras que en secundaria se permite únicamente con fines pedagógicos. En Salta, la Ley N° 8474 establece una prohibición general de dispositivos en todas las escuelas, salvo excepciones autorizadas por los docentes.
La normativa bonaerense apunta a mejorar la concentración, fortalecer la interacción con los docentes y promover el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes. El espíritu de la ley no busca rechazar la tecnología, sino ordenarla para que se convierta en un recurso pedagógico y consciente al servicio del aprendizaje.
