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LA PLATA | El avance de la causa judicial que investiga una presunta secta integrada por militantes kirchneristas en la ciudad de La Plata ha puesto en jaque a la gestión provincial. La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, admitió en las últimas horas que conocía las acusaciones que pesaban sobre los líderes de la agrupación Movimiento Ciudadano "La Capitana" desde antes de su asunción en diciembre de 2019.
A pesar de que las denuncias contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz datan de 2014, el Estado provincial recién intervino formalmente en octubre de 2024. Según la reconstrucción de los hechos, el Ministerio de Mujeres condicionó la entrega de protección —como botones antipánico— a la realización de una denuncia penal previa, una medida que hoy es duramente cuestionada por distintos sectores del feminismo por dejar desprotegidas a las víctimas durante años.
La "falsa abogada" y la red de impunidad
Una pieza clave en el sostenimiento de estos abusos bajo la órbita estatal fue Melina Gaudino, conocida como la "falsa abogada". Gaudino cumplía un rol fundamental de contención y engaño: se hacía pasar por representante legal de las víctimas para evitar que las denuncias avanzaran, inventando gestiones judiciales que nunca ocurrieron.
Lo más grave es que Gaudino logró reciclarse en diversos cargos públicos a pesar de no poseer título habilitante. Pasó por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Sergio Berni, fue Directora General de Acceso a la Justicia en la Municipalidad de La Plata y su último cargo fue como responsable de la Unidad de Género de la UTN La Plata en marzo de 2025.
Militancia y desprotección
A pesar de las restricciones perimetrales vigentes desde diciembre de 2024, los acusados continuaron participando en actos políticos junto a la plana mayor de la dirigencia peronista local, compartiendo incluso espacio con las propias víctimas en eventos públicos durante el 2025. Asimismo, se confirmó que Nicolás Rodríguez siguió percibiendo su sueldo del Senado bonaerense hasta el momento de su detención el mes pasado.
Actualmente, la fiscal Betina Lacki trabaja en la unificación de todas las causas, mientras el Gobierno provincial intenta explicar por qué se tardó una década en accionar contra una red que operaba como un "secreto a voces" en los pasillos de la Legislatura.
