El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, condenó a tres años de prisión en suspenso a un padre por ser autor del delito de abuso sexual simple respecto de una niña menor de 13 años, agravado por ser su progenitor. Los hechos fueron encuadrados en las leyes 26.485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además lo privó de la responsabilidad parental respecto a su hija y le mantuvo la prohibición de ingresar a la localidad donde vive ella.
Judiciales 14 de marzo de 2023
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Los hechos, acreditados con las pruebas reunidas durante el debate oral, ocurrieron en la casa del agresor, en una zona rural, cuando la menor fue un día a almorzar. Durante la siesta, el padre efectuó tocamientos a su hija –de 10 años al momento de la denuncia– y le dijo que no dijera nada porque si no él iría preso.
Durante los alegatos, el fiscal Juan Bautista Méndez pidió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y planteó la misma calificación legal que la impuesta por el juez; aunque aclaró que la denunciante (la madre de la víctima), al ser consultada, se había opuesta a una sanción que no contemplara la prisión efectiva y manifestó que si el acusado no iba preso por lo menos que no pudiera ingresara al pueblo donde vive junto a su hija.
El defensor particular, Javier Bassa, en cambio, alegó por la absolución del padre -un empleado público de 54 años– y, subsidiariamente, había requerido que sea absuelto por el beneficio de la duda.
Tras señalar que la escala penal para el delito por el cual fue condenado el padre, tiene una escala de tres a diez años, Miguel Martín señaló que “el monto de pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal funciona, en el caso particular como un límite máximo” y recurriendo a un fallo de la Corte Suprema de la Nación agregó que “el tribunal que dicte sentencia no está habilitado para aplicar una pena más grave que la requerida por los acusadores”.
“De tal modo, teniendo en cuenta que la fiscalía solicitó que se aplique al acusado la pena mínima y que su ejecución sea dejada en suspenso, no existen posibilidades de que me aparte de ese requerimiento. Fijar una sanción por debajo o por encima de la solicitada, sería contrario a la normativa legal aplicable”, remarcó.
En la parte resolutiva de la sentencia, el magistrado le impuso al agresor el cumplimiento obligatorio de reglas de conducta durante tres años –entre ellas realizar un tratamiento psicológico– y le mantuvo dos prohibiciones que le fueron fijadas hace un año durante una audiencia de reexamen en reemplazo de la prisión preventiva: no acercarse ni tener ningún tipo de contacto con la víctima, su madre y su abuela y no ingresar a la localidad donde se domicilian las dos primeras hasta que el fallo quede firme.
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Durante un acto organizado en el Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a cuatro funcionarias que asumieron sus cargos como sustitutas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
Javier Ale, un hombre de 60 años y con antecedentes penales, fue condenado a cinco años de prisión por ser considerado coautor del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y con la utilización de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. Además fue declarado reincidente.
El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser la última que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.
Franco Catalani, uno de los abogados que patrocina a clientes de planes de ahorro, resaltó el fallo de la jueza Adriana Pascual, del Juzgado Civil 5 de Santa Rosa. “Ganaron los ahorristas de automotores en La Pampa”, dijo. En forma directa este beneficio alcanza a unos 1500, pero podrían sumarse más.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Heber Pregno, condenó a Juan Mauricio Cabaña, de 39 años de edad, como autor material y penalmente responsable del delito de amenazas simples -dos hechos - en concurso real; a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su condición de reincidente.
El pasado 3 de abril un hombre se hizo presente en la Comisaría Departamental Santa Isabel para radicar una denuncia de un hurto millonario. Le habían llevado de su ropero que está ubicado en su habitación una cartera color negra que en su interior tenía más de 10 millones de pesos en moneda estadounidense, chilena y europea.
Dos hombres que serían hermanos le propinaron una golpiza a otro joven que se moviliza en silla de ruedas. Según versiones extraoficiales de testigos que observaron la reyerta indicaron que la misma se dio, según las afirmaciones de los atacantes, a raíz de que el joven previamente habría agredido físicamente a la madre de ambos, provocando que la mujer debiera ser llevada a un centro de salud local.
El siniestro ocurrió en ruta provincial 7 entre las localidades de Metileo y Villa Mirasol. Los vehículos involucrados son un furgón Ducato y un tractor. Los dos vehículos circulaban en la misma dirección. Trabajó personal policial y también bomberos voluntarios.
Tras hackear esta mañana en teléfono de una empresa realiquense, los delincuentes se hicieron de los contactos y rápidamente inundaron los teléfonos allí agendados a la pesca de algún desprevenido que transfiriera dinero a cambio de la promesa de entregarles 800 dólares.
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El padre de la chica denunció el hecho Tanto el abuelo como la madre fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una investigación del Ministerio Público Fiscal porteño. Se espera que la víctima declare en cámara Gesell
Desde la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Realicó, se informó que personal técnico comenzó a realizar el mantenimiento de las cámaras de seguridad que hay instaladas en esa localidad.
