JUICIO A HOTZ POR EL ACCIDENTE EN EL QUE FALLECIERON SEIS PERSONAS: “NO ME DIO TIEMPO A NADA”

El debate se inició en la primera semana de marzo, pero a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, se interrumpió cuando quedaban por oír el testimonio del imputado y los alegatos finales.

La audiencia estuvo rodeada de estrictas medidas de seguridad sanitaria, lo que incluyó el uso de tapabocas por parte de todos los participantes, el distanciamiento social en la sala y un frasco de alcohol en gel en la puerta de ingreso.

Los jueces de audiencia Gastón Boulenaz y Andrés Olié estuvieron presentes en el segundo piso del Centro Judicial de Santa Rosa; mientras que la jueza Alejandra Ongaro siguió el desarrolló del juicio en forma remota, por estar dentro de los grupos que no deben concurrir a su lugar de trabajo.

Lo otros asistentes fueron la fiscal María Cecilia Martiní, los defensores particulares de Hotz, Jorge Gabriel Salamone y Marcelo Steinbauer, y los querellantes particulares José Mario Aguerrido y Juan Eduardo Ravinale.

En el siniestro fallecieron el conductor Franco Gabriel Palacio y Guadalupe Ana Abascal, Daiana Palacios, Gonzalo Palacios, Milagros Palacios e Isabela Rossotto. Aguerrido representa a Mónica Siderac y Raúl Eloy Palacio (padres de Franco y Daiana Palacio), Horacio Roberto Abascal y Fabiana Alejandra Oses (padres de Guadalupe Abascal),  Nicolás Rossotto (padre de Isabella Rossotto) y Romina Vanesa Janiel Diez (madre Franco Palacio); mientras que Ravinale lo hace en nombre de Débora Daiana Jorgelina Nuñez (madre de Gonzalo Palacio). Todos ellos también estuvieron en la audiencia.

“Iba despacio”.

El hecho que se investiga es que Hotz, conduciendo un Mercedez Benz por la ruta 5, impactó en el cruce con la 7, al Peugeot 206 y, como consecuencia de ello, murieron todos sus ocupantes. La calificación legal que le dio el Ministerio Público Fiscal a la imputación es homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; por conducir excediendo en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida y por ser más de una las víctimas fatales.

El acusado, un martillero público de 31 años, antes de dar su versión de los hechos, anticipó que no respondería preguntas, excepto que el tribunal quisiera formularle alguna. Pero en el sistema actual, los jueces no interrogaron, sino que solamente formulan preguntas aclaratorias.

Hotz, contó que ese día se levantó a las 10, en la casa donde convivía con su novia, y que a las 11.15 emprendió viaje hacia Uriburu, donde tenía un proyecto de reciclado de plásticos, para armar unas máquinas. “Como tenía poca nafta, un cuarto de tanque, iba despacio. No sé porqué inventaron la velocidad que inventaron (un perito oficial concluyó que circulaba hasta 174 kilómetros por hora). Nunca anduve a esa velocidad. Llegando a Anguil me pasó un Vento blanco y antes del ingreso a esa localidad me pasó una camioneta gris”, relató Hotz en medio de sollozos fuertes.

Continuó: “A la altura de la estación del INTA divisé un auto delante mío, que terminó siendo el Peugeot 206. Me coloqué detrás y seguí mi marcha. Como por hábito manejo mirando por el espejo retrovisor, vi que atrás venía un auto chico gris, que era el de (el testigo Luis) Garzarón. Cuando estoy llegando al cruce, el Peugeot se abrió a la derecha, yo continué mi marcha y me dobló de una en U (sic). No me dio tiempo absolutamente a nada”.

Más adelante, algo más calmo, señaló: “Se me puso la vista blanca. Sentí que mi auto se iba hacia la izquierda, poniéndose de cola y que del otro una mujer salía despedida… Quería que el auto se detuviera para asistirla. Cuando mi auto se detuvo, me desabroché el cinturón y quise salir corriendo, pero se me cayeron (sic) las piernas de dolor. En ese momento llegaron un señor y una señora, me preguntaron cómo estaba. Yo quería que llamaran a una ambulancia y me dijeron que me tranquilizara y me recostara en la banquina. Luego recuerdo que apareció un policía. Me preguntó si estaba consciente y si sabía qué había pasado. Le dije que el auto se abrió a la derecha, giró en U y no pude evitar el accidente…”

Cuando finalizó el relato, Boulenaz le preguntó si quería decir algo más y el acusado contestó negativamente.

Inspección.

Cuando el tribunal iba a disponer el inicio de los alegatos, Aguerrido solicitó una prueba más: que los jueces vieran de primera mano el estado en que quedó el Peugeot 206. “Si bien existe prueba documental (fotografías) y pericial, la inmediación sería un elemento importante para el tribunal”, justificó. También argumentó que un perito de la defensa, Aníbal García, emitió su informe sin haber observado los vehículos.

Martiní y Ravinale se adhirieron al pedido, pero Salamone se opuso aduciendo que no entendía porque se hizo la petición ahora y que, eventualmente, hasta pudo practicarse durante la cuarentena. “Hay más de 90 fotos. No entiendo. La única razón del pedido es para demorar el debate”, subrayó. No obstante, la Audiencia de Juicio le dio curso al requerimiento.

Así fue que Boulenaz, Olié, las partes y personal de la Oficina Judicial concurrieron poco antes del mediodía a la playa judicial, ubicada en el parque industrial, a efectuar dicha diligencia. El tribunal pidió específicamente que asistiera la menor cantidad de personas posible. Tras ello, se anunció que los alegatos se escucharán hoy.

Por último, la fiscalía introdujo otra petición a partir de una prueba nueva a la que accedió durante este tiempo en que el juicio estuvo suspendido. Si bien no solicitó que la declaración de la testigo de la defensa, Olga Fernández Chaves, sea anulada, sí cuestionó que hubiera dado una entrevista radial en la antesala del tribunal, antes de hablar, “exponiendo el objeto de su testimonio y dando detalles de circunstancias que habían ocurrido previamente”. Dijo que violó el artículo 324 del Código Procesal Penal, referido a que “antes de declarar, los peritos e intérpretes no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias”. Por ello Martiní ofreció un audio con esas palabras y pidió que se evalúe su validez.

El defensor Salamone volvió a oponerse. “Ella conocía la causa (es licenciada en criminalística) y contó con el legajo fiscal porque así correspondía. Pero ni nosotros le transmitimos ninguna información, ni nada le impidió que hablara por una radio. Sinceramente, no entiendo la posición del Ministerio Público Fiscal”, concluyó.