La decisión, que se efectivizó a través de la Resolución 2022/21 firmada por el jefe de la Policía, Héctor Lara, puso fin a la posibilidad de que las cooperadoras de las distintas seccionales policiales reciban de manera directa un depósito con el 40% del monto de la multa por parte del conductor infraccionado.

Hasta ahora, el monto recaudado por las multas aplicadas a los infractores de la ley provincial 1554, es decir transportistas de pasajeros o de cargas que no tengan al día la verificación técnica vehicular, por ejemplo, debían abonar el 60% del importe de la infracción en la cuenta de Rentas Generales de la provincia. A su vez, el 40% restante de la infracción debía ser transferido por el infractor o infractora a una cuenta correspondiente a la Comisión Cooperadora de la Seccional o dependencia policial que labró la multa.

En los últimos meses ese mecanismo, vigente desde hace varios años en la provincia, comenzó a recibir cuestionamientos en las redes sociales y hasta se radicó una denuncia firmada por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Pechín, por supuesto desvío de fondos.

El mecanismo de cobro de multas por infracciones a la ley mencionada se enmarca en un convenio de colaboración firmado en 1989 entre la Dirección de Transporte del gobierno provincial y la Jefatura de Policía. Entonces, el hecho de que el 40% del dinero se deposite en las cooperadoras de las seccionales que labraron las infracciones les daba la posibilidad a las comisarías de tener dinero disponible para solventar gastos de funcionamiento.

Sin embargo, con la resolución del jefe de la Policía, se dispuso que «la Dirección de Administración deberá informar a Jefatura de Policía las actas de constatación labradas en función al Convenio referenciado por cada una de las Unidades Regionales, a fin de realizar los trámites administrativos pertinentes para la incorporación del crédito presupuestario». A su vez, aclaró que «una vez acreditados los fondos a que refiere el artículo anterior, los mismos serán destinados a erogaciones corrientes y de capital de cada una de las citadas Regionales», con lo cual las cooperadoras ya no dispondrán de ese dinero de manera directa sino que tendrán que recurrir a las Unidades Regionales a solicitar partidas.

Tras conocer la decisión, LA ARENA consultó a fuentes de Jefatura respecto de si el cambio responde a los cuestionamientos que hubo en el último tiempo respecto al viejo método y confirmaron que «algo de eso hay».
A su vez, aclararon que con la nueva metodología, «desde Administración de Rentas van a depositar el porcentaje de dinero en las cuentas bancarias de la Regional que corresponda, y desde ahí se va a manejar el porcentaje para todas las comisarías de la zona». Y agregaron: «No le va a dar el dinero la Regional a cada Comisaría sino que va a asistir con las necesidades que tengan».

Por otra parte, desde la Jefatura remarcaron la necesidad de «clarificar para aquellos infractores que el valor de la multa va a seguir siendo el mismo porque es un importe que está fijado por ley y la autoridad de aplicación es la Dirección de Transporte. Lo que cambia es que lo deberán depositar sólo en la cuenta de Rentas y eso va al presupuesto de la Policía en vez de a las cooperadoras» de los Puestos Camineros o Seguridad Rural que están encargados del control de Verificación Técnica.

A principios de febrero, el titular del Comité Provincia de la UCR, Julio Pechín, presentó una denuncia en una Fiscalía de Turno de Santa Rosa por desvío de fondos. En la misma manifestó que «personal de la Policía de La Pampa secuestra los vehículos y previo a la entrega de los mismos solicita el pago de la multa debiendo realizar un depósito en la cuenta correspondiente a Rentas Generales de la provincia».
Paralelamente, el dirigente sostuvo que «también debe depositarse a otra entidad que el personal a cargo completa en el formulario y decide donde se destina, desviando los fondos pertenecientes al Estado a un tercero».