La difusión de un amplio listado de personajes públicos que recibieron subsidios a las tarifas motivó el inmediato rechazo de sectores de la oposición, que encararon distintas manifestaciones contra el Gobierno nacional y funcionarios.

El diputado Hernán Lombardi del PRO fue uno de los más contundentes y le atribuyó la responsabilidad a Malena Galmarini, titular de AYSA y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa.

"El escrache que hizo Malena Massa es de una tremenda gravedad. Debe renunciar", sostuvo el ex titular del sistema de Medios Públicos a través de las redes sociales. Ya se había expresado previamente en declaraciones radiales y anticipó que "pedirá que se investigue por qué algunos canales tienen acceso a esas a listas y por qué filtran esos datos”. Además se preguntó con ironía "¿Por qué no muestran los edificios que cobran subsidios en Puerto Madero donde viven ellos?”.

Así, se refirió al detalle que brindó la funcionaria sobre ciertas ubicaciones y edificios que reciben cuantiosos subsidios sin necesitarlo. Esta situación se sumó a la nómina difundida por el diario Página/12 que incluye a empresarios, referentes del deporte y artistas y que precisa cuántos subsidios utilizaron, pese a tener importantes patrimonios. Precisamente, no aparece allí ninguna personas ligada al kirchnerismo y el actual Gobierno nacional.

"Lo que hizo Malena Galmarini es para que (Sergio) Massa le pida la renuncia”, reforzó.

Malena Galmarini puso el foco en el edificio Kavanagh

Malena Galmarini puso el foco en el edificio Kavanagh, de 113 unidades funcionales, cuyas facturas promedio son de $1.951, advirtió la titular de AYSA. En una situación similar se encontraría el edificio Chateau de la avenida Libertador, que también fue mencionado por la funcionaria ya que sus 157 unidades funcionales abonan facturas promedio de $3.936.

Por su parte, la diputada de la UCR, Karina Banfi, presentó ante la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, una nota pidiendo que se investigue el uso indebido del listado.

“Se le da un uso persecutorio a una base de datos de hace 10 años en donde se elige a dedo a quién linchar y discriminar públicamente. No solo es inaceptable sino que es ilícito y debe ser investigado con urgencia”, declaró Banfi.

La difusión de la base de datos podría incurrir en una violación a la ley 25.326 que en su artículo 3 indica que la publicación de datos no puede tener una finalidad contraria a la ley o a la moral pública, como puede ser su recorte sesgado políticamente, la discriminación o escraches públicos, fundamenta la legisladora.

“La publicación de esta base de datos no fue publicada dentro de los marcos de la transparencia activa, es imperante que desde la Agencia se despeje toda duda acerca algún tipo de colisión entre el derecho a saber y la protección de datos personales”, explicó Banfi.

En el transcurso de los próximos días la diputada nacional esperará una respuesta por parte de Beatriz Anchorena y en el caso de no obtener una contestación llevará el caso a la justicia penal para que interceda, se informó en un comunicado.