Diputados y senadores kirchneristas anuncian que visitarán a Cristina Kirchner sin autorización judicial
Un grupo de legisladores nacionales del bloque Unión por la Patria anunció este miércoles su intención de visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario por causas de corrupción, aun sin contar con autorización judicial. La decisión representa un abierto desafío al tribunal que estableció el régimen limitado de visitas, actualmente vigente para la expresidenta.
NACIONALES | “Concurriremos de manera conjunta o alternada, cada vez que lo creamos necesario, al domicilio donde se encuentra cumpliendo detención la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, señala el documento firmado por diputados y senadores del kirchnerismo, en el que afirman que su investidura parlamentaria les otorga legitimidad para hacerlo sin notificación ni permiso previo.
En su declaración, los legisladores expresaron que cualquier intento de condicionar su ingreso constituiría “una grave vulneración al principio de división de poderes” y una afectación a su derecho a ejercer representación efectiva como funcionarios electos por el voto popular.
El escrito fue presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del tribunal que condenó a la expresidenta y que fijó la audiencia del próximo 7 de julio para definir si amplía o no el régimen de visitas. Hasta el momento, solo están autorizados a ingresar sin restricciones sus familiares directos, abogados, médicos y personal policial.
Los legisladores recordaron que Cristina Kirchner, además de su carácter de exmandataria, continúa siendo la presidenta del Partido Justicialista y líder política indiscutida para gran parte del electorado. Por ello, argumentan que limitar su acceso “no solo afecta la labor parlamentaria sino también la representación de quienes la consideran una figura de consulta permanente en asuntos institucionales”.
Además, señalaron que el cumplimiento de una pena no puede implicar un “aislamiento político” y que la ejecución de la condena debe respetar los principios de dignidad y proporcionalidad.
Si bien aseguran no tener intención de interferir con las decisiones judiciales, los legisladores remarcaron que las garantías que los amparan —como las inmunidades parlamentarias— deben interpretarse en forma “amplia y absoluta” para evitar actos hostiles de otros poderes del Estado.
Finalmente, pidieron al tribunal que se garantice “el respeto a su investidura y al libre ejercicio de la representación política”, recordando que en otras oportunidades los legisladores han visitado a detenidos sin autorización judicial.
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