Un padre de 70 años fue condenado hoy a 12 años de prisión, por ser autor material del delito de abuso sexual simple, por haber sido cometido contra una menor de 13 años, gravemente ultrajante tanto por la duración como por las circunstancias de realización, agravado por el vínculo, como delito continuado. La víctima fue su hija durante cinco años.
Judiciales05 de julio de 2019
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La sentencia fue dictada por el juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora, quien a su vez le mantuvo al imputado la prisión preventiva hasta que quede firme. Los fiscales de General Acha, Juan Ignacio Pellegrino, y de 25 de Mayo, Eugenia Paola Bolzan, habían pedido una pena de 17 años de prisión; mientras que el defensor oficial achense, Federico Emanuel Ibazeta, sostuvo que debía ser absuelto por el beneficio de la duda
El magistrado dio por probado, tras la realización del juicio oral, que el acusado –jubilado y analfabeto– abusó sexualmente de su hija desde que tenía cinco años y hasta que cumplió diez. “Los abusos fueron prácticamente a diario y continuaron hasta que la menor le dijo que ‘si la tocaba, ella iba a hablar...’, según indica la sentencia, y se produjeron en dos viviendas. Hoy la víctima tiene 17 años.
“Existe además un elemento normativo –el grado de parentesco–, que integra la acusación. Esa posición de poder le permitió al acusado vencer cualquier resistencia por parte de la niña para impedir sus acciones. También quedó evidenciado por la dependencia económica de ella, ya que luego le daba dinero para que no hablara, tal como surgió de la propia audiencia de juicio oral (…) En definitiva ese cuadro de asimetría de poder y vulnerabilidad de la niña, le impidió resistir los ataques sexuales del acusado”, señaló Sáez Zamora en los fundamentos del fallo.
Por otra parte, coincidió con la fiscalía en cuanto a que existió un delito continuado. “La acción desplegada por el imputado se prolongó a través del tiempo, con homogeneidad de conductas (…) Pero, principalmente, existió un dolo específico en la acción con un único designio en la voluntad del resultado final, es decir saciar sus impulsos sexuales del acusado y afectar de ese modo la libertad sexual de la víctima”, sostuvo el juez.
Al momento de fijar la pena, Sáez Zamora solo evaluó a favor del padre, su falta de antecedentes penales. En cambio mencionó como agravantes la extensión del daño causado a su hija (basándose en los informes de los profesionales intervinientes) y resaltó que más allá de ello, “el solo hecho de haber vivido las circunstancias probadas y la desilusión de que el agresor haya sido la misma persona que supuestamente debía brindarle protección, es de por sí un situación objetivamente perjudicial para la psiquis de una persona en crecimiento”. Incluso afirmó que ese daño se extendió al núcleo familiar
Finalmente, y a sabiendas que la pena mínima del delito es de ocho años, Sáez Zamora entendió que ese piso debía ser elevado y dispuso que sea de 12 años de prisión atento “las condiciones favorables del acusado, conjuntamente con su edad y su nulo nivel de educación”.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
El acusado, había llegado en libertad a la instancia final del juicio donde los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata lo condenaron por haber manoseado a las menores y haberse masturbado delante de ellas, en casos ocurridos en noviembre de 2019 y en agosto y octubre del 2020, en su vivienda de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, según indicó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión llegó horas después de que se confirmara el jury en su contra por el documental del caso Maradona.
Minutos antes de las 22 de este martes, un incendio arrasó una vivienda en la localidad de Coronel Hilario Lagos, dejando pérdidas materiales totales. El siniestro ocurrió en una casa ubicada en calle Fratarolli, entre avenida Armesto y 25 de Mayo, donde reside una joven pareja con sus tres hijos pequeños. Afortunadamente, la familia no se encontraba en el domicilio al momento del siniestro, por lo que no hubo que lamentar víctimas.
El joven había sido internado en grave estado en el Hospital Gobernador Centeno, luego de colisionar en moto contra una camioneta. Su fallecimiento se confirmó este martes, generando profundo dolor en la comunidad.
Un robo de agroquímicos valuados en más de 100 millones de pesos, ocurrido en un campo de la zona rural de Trebolares, fue resuelto en tiempo récord gracias a la rápida intervención de la Policía de La Pampa y la actuación del sistema judicial. Los productos fueron recuperados en su totalidad y hay personas detenidas en el marco de la causa.
Un hombre de 60 años, oriundo de Ingeniero Luiggi, sufrió una descompensación mientras realizaba un trámite en el Ministerio de Conectividad y Modernización. La inmediata intervención del personal policial, de enfermería y del SEM permitió estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Favaloro, donde evoluciona favorablemente.
En las próximas horas, el Gobierno nacional oficializará por decreto una profunda reestructuración del sistema de movilidad y transporte del país que incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
