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Ante la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno anunció que volverá a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 cuya primera etapa alcanzó a millones de personas en todo el país.
Así lo confirmó el ministro de Economía Martín Guzmán, quien en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter destacó que “el Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza”.
“Ante una situación sin precedentes que golpea la economía del mundo, hemos actuado de forma decisiva. Hoy el Estado está llegando a quienes más lo necesitan, protegiendo los ingresos, el trabajo y la producción. Y lo hace sosteniendo los principios de progresividad y solidaridad”, agregó. En ese sentido, anunció que “ante la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio y frente al impacto que ello genera sobre los ingresos de los hogares, decidimos volver a pagar el IFE por un valor de $10.000. Esta medida alcanzará a 9 millones de personas".
En tanto, explicó que “en breve” la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) “informará los detalles de la implementación de la medida. Bajo el liderazgo del Presidente @alferdez, Argentina sienta condiciones para que la salida de esta pandemia sea con un horizonte promisorio”.
Posteriormente, un comunicado conjunto de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo ratificó algunas cifras dadas por Guzmán paunque precisó que el IFE “alcanza a 8,3 millones de beneficiarios (no 9 millones, como había tuiteado Guzmán) que vieron reducidos sus ingresos durante la cuarentena” y lo calificó como “una de las medidas de transferencias más grandes llevadas a cabo en el marco de la pandemia que ayudó a evitar que se amplíen las brechas de desigualdad que existen en el país”.
El comunicado resalta la puesta en marca de “varios programas de asistencia económica para los hogares y empresas”, entre los que menciona los pagos a los Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE), el programa Alimentar, así como el pago de bonos a jubilados (sin aclarar, sin embargo, que los aumentos a jubilados fueron inferiores a los que hubieran sido con la ley previa).
El IFE, dice el texto oficial, “puso el foco en los sectores más vulnerables ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para frenar la propagación del virus, contribuyó a ampliar la cobertura estatal mediante transferencias monetarias hasta alcanzar al 89% del decil más pobre de la población”.
Un gráfico del informe señala que 68% de la ayuda oficial se dirigió a la mitad de la población con menores ingresos del país e incluso que 3,5% de la misma llegó al 10% más rico de la población.
Según el trabajo interministerial las transferencias en concepto de “Ingreso Familiar de Emergencia” correspondientes a abril y mayo “evitaría entre 5 y 6 puntos porcentuales de aumento en la pobreza” y “entre 4 y 7 puntos porcentuales” de aumento de la indigencia.
Un informe del Indec correspondiente a abril valuó la Canasta Básica Alimentaria (umbral de la indigencia) en $17.897 y la Canasta Básica Total (umbral de la pobreza) en $ 42.594 para un grupo familiar de cuatro personas. El IFE es de $ 10.000 por familia.
Sin embargo, el comunicado afirma que “el conjunto de transferencias (AUH, AUE, Alimentar, bono a jubilados e IFE) genera una red de contención todavía más potente: de entre 6 y 8 puntos en contención de la pobreza y entre 6 y 10 puntos de contención de la indigencia”, del que surgen las cifras adelantadas por Guzmán de que así se habrían evitado “que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia -de manera transitoria-, producto de la pandemia”.
Entre los beneficios colaterales de la red de asistencia, el comunicado señala el avance de la bancarización de los receptores de ayuda, ya que la mitad no tenía cuenta bancaria y entre los que sí la tenía, muchos tuvieron dificultades para acceder a ella lo que obligó a una “una estrategia coordinada entre diversos actores del sistema financiero y el Correo Argentino para poder llegar a todos y todas”.
Este salto bancarizador, dice el texto oficial, habría sentado “las bases para que la educación financiera sea un eje de trabajo y la inclusión financiera una nueva realidad de la Argentina post pandemia”.
El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.
