Así se pronunciaron desde las cadenas de cultivos. La medida de fuerza ya se extendió por casi 20 días. El mayor impacto de la misma es en los puertos de sur de la provincia de Buenos Aires.
Nacionales04/02/2021
InfoTec 4.0
Sigue la protesta de transportistas autoconvocados y se complica la comercialización de granos en el sur de la provincia de Buenos Aires.Los integrantes de las cadenas de cultivos de nuestro país pidieron la urgente intervención del Estado para resolver el conflicto de los transportistas autoconvocados. Una medida de fuerza que ya lleva casi 20 días de duración y que tiene su mayor impacto en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Hace instantes, en la zona de los puertos del Gran Rosario, se levantó el piquete que había en el ingreso a las terminales de Timbúes. Hay presencia policial en el lugar, donde hasta el momento es normal la circulación de camiones.
“La Argentina necesita que el Estado arbitre en forma urgente los medios para detener un sistema de reclamo que pone en riesgo el abastecimiento”, dijeron en un comunicado los presidentes de Maizar, Argentrigo, Acsoja y Asagir.
Y agregaron: “Hay rutas paralizadas, con viajantes como rehenes y desabastecidas las industrias, mercados, puertos y producciones de transformación. Argentina no puede en tiempos de Covid absorber un parate de esta magnitud. Esto ha sido bien resuelto días atrás por la provincia de Santa Fe, donde han logrado volver sus puertos a la normalidad, situación que lamentablemente la provincia de Buenos Aires no ha replicado”.
Por otro lado, los dirigentes señalaron que este tipo de reclamo y de otras características, “debe ser canalizado por los instrumentos y las instituciones correspondientes, pero nunca dejar que escale el nivel del conflicto al punto de interferir con el normal desempeño del estado y de los derechos garantizados por la constitución”.
También pidieron reflexión a las partes involucradas en el conflicto y a las autoridades a tomar resoluciones definitivas a partir de la reunión que funcionarios nacionales mantendrán mañana con las entidades de transportistas que están institucionalizadas, donde habrá un análisis de la estructura de costos del sector y se definirá una nueva tarifa. A dicha reunión no fueron invitados los autoconvocados.
Hay que recordar que el lunes por la tarde, los autoconvocados decidieron profundizar la protesa luego que se venciera el plazo de 48hs que había solicitado el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para responder el petitorio entregaron los transportistas durante una reunión realizada el pasado miércoles en el Congreso de la Nación.
Impacto de la protesta
Hasta el momento la medida de fuerza tiene un alto impacto en los puertos de Bahía Blanca y Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de los cortes de rutas que impiden el paso de los camiones que transportan granos hacia dichos lugares.
La protesta ya está provocando demoras en la carga de granos, desabastecimiento en el mercado interno, complicaciones para la exportación de trigo y cebada, cuya cosecha finalizó semanas atrás. Además, la cadena de pagos comienza a resentirse.
Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA y CEC.A todo esto, desde la Bolsa de Bahía Blanca informaron ayer que el ingreso de camiones al puerto de dicha ciudad entre el pasado 19 de enero y el 1° de febrero, cayó un 95%, donde entre el 11 y 18 de enero el ingreso fue de 220.380 camiones y entre el 19 del mes pasado y el 1° de febrero, el ingreso alcanzó a 11.640 camiones.
Por otro lado, la Federación de Acopiadores aseguró que las pérdidas por la protesta ya superan los 100 millones de dólares. El presidente de la entidad, Fernando Rivara, tras el encuentro del pasado lunes con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, comentó: “Es criminal que en un país tan necesitado de trabajo y generación de riqueza se atente contra la producción. Las terminales portuarias se han quedado sin cereales, hay industrias que ya sufren desabastecimiento, como plantas avícolas, tambos y molinos”.
Por último, ayer la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportador de Cereales (CIARA-CEC) señalaron que “el sector agro exportador, aunque es ajeno a ese conflicto, lamenta el impacto en las demoras de entregas de granos, problemas de cumplimiento de programas de exportación y la baja de categorización entre los puertos del mundo, así como el abastecimiento en el mercado interno”.
El máximo tribunal rechazó los recursos de las querellas y dio por cerrado el caso. Consideró que las tareas realizadas por la AFI se enmarcaron dentro de los protocolos de seguridad y no constituyeron espionaje ilegal.
El Gobierno anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos de familiares que denunciaron una caída de los fondos destinados al sector. Se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre próximo.
El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, analizó los resultados de las últimas elecciones nacionales y sostuvo que “la gran mayoría del campo no vota kirchnerismo por el daño que nos ha hecho”. El dirigente destacó que el tono moderado del presidente tras los comicios genera “expectativas” en el sector agropecuario.
Tras la contundente victoria electoral del último domingo, el Gobierno nacional busca aprovechar el envión político y ya prepara el envío al Congreso del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que promete cambios estructurales en la legislación laboral argentina. El objetivo, según los fundamentos oficiales, es “institucionalizar un modelo económico que fomente la contratación, actualice las condiciones laborales y adapte la normativa a las necesidades del mercado actual”.
En la antesala del debate legislativo sobre la reforma laboral, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado difundió un informe que puso al descubierto el volumen de recursos que manejan los principales gremios del país. Según el relevamiento encabezado por Federico Sturzenegger, las organizaciones sindicales recaudan casi 2 billones de pesos anuales en aportes obligatorios, que en algunos casos alcanzan hasta $1,3 millones por trabajador por año.
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