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En medio de un cese de comercialización que empieza a ralear góndolas y carnicerías, tensiones con los ganaderos e infructuosas negociaciones con frigoríficos y matarifes para superar el conflicto surgido a raíz de la decisión oficial de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, el Gobierno hizo un anuncio que seguramente aumentará las tensiones con el campo.
Se trata de la denuncia que la Dirección General de Aduanas presentó contra 19 frigoríficos por operaciones fraudulentas de exportación y la imposición de multas por USD 5,8 milones.
Un comunicado de la Aduana señala que la denuncia es el resultado de una investigación de más de tres meses de maniobras de evasión tributaria que significaron también un menor ingreso de divisas por subfacturación de ventas al exterior.
La agencia, que depende de la AFIP, explicó que las empresas denunciadas declararon exportaciones de hueso y carne “no apta para el consumo humano”, que paga 5% de retenciones, pero en la fiscalización se detectó que era carne apta para consumo humano, que tributa 9% de retención. Al subfacturar el precio, dijo la Aduana, las empresas también ingresaban menos divisas.
Se trataba de ventas a más de diez destinos, principalmente China y Hong Kong. Todo comenzó, dice el comunicado en marzo pasado, cuando una verificación física permitió detectar que 5 frigoríficos embarcaban como mercadería no apta para consumo humano carne que el Senasa había habiliitado como apta para consumo humano. Se inició entonces un rastreo hasta marzo 2020 que detectó maniobras similares de un total de 19 frigoríficos.
“Las denuncias contra los frigoríficos se dan tanto por el perjuicio fiscal al Estado como por ingresar al país determinada cantidad de divisas menor a los que efectivamente correspondía”, dice el comunicado de la Aduana.
El Gobierno nacional afirmó que la maniobra denunciada consistía en declarar como "no apta para consumo humano" carne que sí lo era. Los destinos: mercados asiáticos
Fuentes del sector frigorífico dijeron desconocer por completo la denuncia. Algunas dijeron sospechar de que sea una forma del gobierno de aumentar la apuesta en el conflicto por la carne, al cabo de una semana de infructuosas negociaciones. Otras admitieron que podría ser el resultado de investigaciones menores y de un proceso de actualización regulatoria.
En verdad, el valor de la multa luce irrisorio para una investigación, que según el propio comunicado de la Aduana, revisó operaciones efectuadas durante un período de doce meses. Debe tenerse en cuenta que las exportaciones de carne vacuna son de USD 2.800 millones anuales. La multa indicada para 19 empresas es el 0,2% de esa suma.
La multa luce irrisoria para una revisión de operaciones efectuadas durante un período de doce meses. Las exportaciones de carne vacuna suman USD 2.800 millones anuales. La multa indicada para 19 empresas es el 0,2% de ese valor
En las reuniones con las que intentó superar el conflicto, el Gobierno eligió como interlocutores a los grandes frigoríficos exportadores, nucleados en el consorcio ABC, y al Consejo Agroindustrial Argentino y arrimó a la Cámara de Abastecedores y Matarifes de Argentina (Camya), clave para asegurar la provisión y distribución de carne en el conurbano bonaerense. La Mesa de Enlace y las bases rurales han negado enfáticamente la representatividad de quienes hablan con el Gobierno.
La Aduana destacó también la “actualización de los valores referenciales para la exportación de carne bovina”, realizada la semana pasada para “identificar operaciones de subfacturación en las exportaciones”.
“La decisión coordinada junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura establece nuevos precios de referencia para distintos cortes en el marco del diálogo permanente con distintas cámaras representativas del sector privado”, dice el comunicado, refiriéndose a la Resolución General 4998, que “actualizó los valores referenciales fijados en enero por la DGA para cortes como bola de lomo, asado, cuartos trasero y delantero, entre otros”.
Los destinos para los que rige la normativa son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán. Los valores referenciales ofrecen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal y permiten detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
