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El fallo fue dictado por el juez de control victoriquense, Carlos Espínola, a raíz de un acuerdo de juicio abreviado rubricado por el fiscal Juan Cupayolo, la defensora oficial Mariana Zabala y el propio acusado, Gustavo Alejandro Farías, de 30 años. La denuncia fue radicada por la directora comunal de Medio Ambiente, Marianela Sierra.
El hurto se produjo el 21 de marzo pasado a la mañana, cuando Farías utilizó la llave original de un candado, y sin ejercer violencia, ingresó al depósito del Hogar Canino de la Municipalidad –ubicado sobre la ruta provincial 105– y sustrajo diez bolsas de alimentos para perros, por un total de 195 kilos. Luego se las vendió a un hombre que había llegado en una camioneta Toyota Hilux por 4.600 pesos.
En ese momento, arribaron al lugar dos personas y, cuando el acusado los vio, bajó la lona del vehículo y el conductor se fue. ¿Qué argumentó Farías? Que el hombre había ido a retirar un perro, aunque no dejó asentado ningún registro. Cuando esas personas ingresaron al depósito observaron el faltante de las bolsas y la llave del acusado puesta en el candado del portón de la entrada.
Justamente Farías había sido el encargado del depósito hasta que tuvo problemas con algunos compañeros y pidió el pase a otro sector, según surgió de la sentencia. El comprador de los alimentos, al tomar conocimiento de lo sucedido, entregó las bolsas en forma voluntaria. A su vez, durante un allanamiento al domicilio del imputado, se secuestraron más bolsas con alimentos para perros y los 4.600 pesos.
“El apoderamiento se produjo cuando, utilizando la llave verdadera del depósito de alimentos que Farías tenía en su poder, concurrió al Hogar Canino, abrió el portón y sacó y cargó el alimento balanceado que se encontraba allí para resguardo”, indicó Espínola.
“Para el apoderamiento, de acuerdo a la versión de los testigos, Farías utilizó la llave verdadera que poseía del candado y entrada del depósito, con lo cual la figura de hurto agravado quedó acreditada; ya para su concreción usó la llave verdadera, ya que anteriormente había sido encargado del lugar”, agregó.
Espínola le fijó, además, al inculpado como pautas de conducta durante dos años, fijar residencia –debiéndose presentar trimestralmente en el Juzgado de Paz de Victorica– y someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras.
