Alcira Figueroa y Mabel Caparrós del Frente de Todos presentaron un proyecto para que el organismo tenga una nueva composición con paridad de género; el campo solo tendría lugar en un consejo asesor a crear.
Nacionales25 de agosto de 2021
InfoTec 4.0
Dos diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto en la Cámara baja para sacar a los productores del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el INTA, además del Gobierno y las universidades, hoy tienen un lugar Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea).
“El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo Directivo es un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. De esta manera, se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional”, dice el INTA en su página de Internet.
Sin embargo, con el proyecto 3448-D-2021, las diputadas nacionales Alcira Figueroa (FDT-Salta) y Mabel Caparrós (FDT-Tierra del Fuego) proponen que esas entidades ya no estén más en el Consejo Directivo. Solo reserva el lugar para las asociaciones de productores, pero sin precisar cuáles, para un Consejo Asesor a crear.
En rigor, de acuerdo a la propuesta de las diputadas oficialistas, además de un presidente y un vicepresidente, el Consejo Directivo del INTA tendrá un vocal en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; otro por el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa); un tercero por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; un cuarto en representación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y otros dos vocales “en representación de las provincias”.
De esta manera, las entidades tradicionales de la producción no tendrán lugar en el Consejo Directivo del INTA de aprobarse la iniciativa.
El proyecto de las diputadas tiene un enfoque de género y así lo hace saber para el caso del directorio. “El Directorio deberá conformarse con paridad de género, estableciéndose un cupo de 4 (cuatro) personas pertenecientes el género femenino y 4 (cuatro) personas pertenecientes al género masculino. La persona presidente y vice-presidente no podrán pertenecer al mismo género”, se lee en el proyecto.
Fuentes legislativas consultadas opinaron que, más allá de la repercusión que pueda tener públicamente la iniciativa, no se cree que tenga posibilidades de convertirse en ley. Hoy no hay ningún obstáculo para que, por ejemplo, pueda haber mujeres en la representación del Consejo Directivo por el lado de las entidades.
Mientras quieren desalojar a los productores del Consejo Directivo, las diputadas buscan relegarlos a un lugar para un consejo asesor.
“El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estará asistido por un Consejo Asesor conformado por los siguientes representantes: dos (2) representantes de las Facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias o Ciencias Naturales de las Universidades Nacionales; un (1) representante de las cooperativas de productores; un (1) representante de las asociaciones de productores; y dos (2) representantes de las organizaciones de agricultores familiares”, proponen las diputadas.
Escenario
El INTA, creado en 1956, tiene agencias y estaciones experimentales en todo el país. “Con más de 440 unidades, el INTA tiene presencia en gran parte del territorio nacional siendo el organismo federal por excelencia. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, el INTA tiene presencia en todas las cadenas de producción, abarcando la heterogeneidad social de cada una de ellas”, recuerdan las mismas legisladoras en el proyecto.
Figueroa y Caparrós consideran que la representación en el Consejo Directivo está en falta con algunos sectores y así lo expresan. “Ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan”, señalan en el proyecto.
El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) cruzó el proyecto de las dos diputadas del FDT. “De prosperar este proyecto, se estaría volviendo a poner de manifiesto el desprecio enorme que este Gobierno tiene por la integración de las actividades pública y privada, por los productores y por los profesionales de la agronomía y de las ciencias veterinarias”, expresó Benedetti.
“Esta polémica iniciativa va en detrimento del control social que ejercen las instituciones representadas en el INTA y daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”, añadió.
Benedetti también indicó: “Decían que querían incorporar a nuevas expresiones del agro, cuestión con la que estoy de acuerdo, pero con este proyecto lo único que están haciendo es cercenar la participación de los sectores productivos y académicos, convirtiendo al histórico organismo en un espacio ocupado solo por funcionarios leales al poder de turno”.
La avanzada oficialista sobre el INTA no es nueva. Recientemente, en el Senado se dio media sanción a un proyecto del senador Dalmacio Mera para expropiarle un predio al organismo en Catamarca. Antes, Carlos Selva, diputado nacional bonaerense, presentó una iniciativa para retirarle 600 hectáreas al ente en Salta.
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