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A la ex mandataria se la acusa de de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionaria pública, la primera de las causas es por el aumento de sueldos, decisión que debía ser aprobada por ordenanza por el Concejo Deliberante, en tanto que la otra acusación es por la firma de convenios con Nación sin el permiso del gobierno provincial mediante el art. 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
El debate lo coordinó el tribunal colegiado que preside la jueza de Nora Gómez, y que además integran María José Gianinetto y Carlos Federico Pellegrino.
En los alegatos iniciales, el fiscal de la causa explicó que se acusa a Lercari de dos hechos. El primero tiene que ver con la decisión de incrementar su sueldo, el de los sus secretarios y directores de la comuna realiquense y concejales, mediante tres resoluciones distintas, y no a través de una ordenanza que fuera promulgada por el Concejo Deliberante local.
En la primer jornada declararon los concejales Claudio Gareis, Hugo Cayuqueo y Roberto Ferrando, el primero presidia el cuerpo deliberativo y los dos restantes pertenecían al Bloque del PJ. Además declararon un contador y José Vanini, que en su momento como fiscal de Estado denunció a Lercari en la causa por los convenios firmados con Nación.
Además prestó declaración como testigo el ex Secretario de Gobierno Alejandro Ávila, quien sostuvo que no hubo delitos en la causa por abuso de autoridad -el aumento de sueldo del 30% y adicionales- que inicialmente apuntaba también al ex-secretario de Gobierno, Alejandro Ávila, y al secretario de Hacienda y Finanza, Matías Pinardi, pero Agüero pidió el sobreseimiento y dejó a Lercari sola a en la causa. En este sentido Avila sostuvo que "No es un delito, porque el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza y eso convalida lo anterior".
La otra causa es por los convenios que firmó Lercari con Nación que son del Programa MAC (Mejora de Atención Ciudadana, que consistía en computadoras y mobilario) con el ministerio del Interior, la compra de un utilitario con rampa para transportar personas con discapacidad, la construcción de una pileta climatizada, la remodelación de la Terminal y la instalación de un sistema de cámaras de seguridad.
Por estos dos legajos, Agüero acusó a Lercari de los cargos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público. En cambio, el defensor planteó, como ya lo había hecho en instancias anteriores, que los Tribunales pampeanos no tenían competencia sobre la causa de los convenios, tras entender que fueron firmados en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la falta de autorización de Provincia para la firma de esos convenios, adujo que atentaba contra la autonomía de los municipios. El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) rechazó las apelaciones de Lercari quien solicitó que el caso fuera llevado al fuero federal.
Desde un principio, cuando Verna apuntó a Lercari en un discurso en la Legislatura provincial, la UCR denunció que Lercari era víctima de una persecución política. El Fiscal General indicó que la acusación no tiene que ver con falta de dinero sino con el ejercicio de atribuciones de las cuales Lercari no era competente y agregó que podría quedar inhabilitada para ocupar cargos públicos por 4 años
Hoy se presentaron las pruebas documentales y se realizaron los alegatos de clausura y el próximo martes se conocerá la sentencia.
