El juez de audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, declaró hoy a Hugo Edgardo Pernini autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal; agravado por ser ministro de un culto religioso reconocido; mediando abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad y poder, todo como delito continuado. La víctima fue un joven que, al momento de los hechos, tenía 17 años.
Judiciales07 de diciembre de 2021
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La audiencia para la imposición de la pena fue fijada para el jueves 16, a las 8, teniendo las partes cinco días para ofrecer las pruebas que consideren necesarias. Ello es así porque la defensa, ejercida por la abogada particular Vanessa Ranocchia Ongaro, había requerido que el proceso se desarrollara como un juicio de cesura; es decir que el debate sea dividido en dos partes. Ese procedimiento es posible cuando, en teoría, la pena máxima supera los seis años de prisión.
Además, Boulenaz dispuso el arresto domiciliario del acusado hasta la finalización del presente proceso, con control electrónico de vigilancia. En caso de que ello no sea factible, deberá practicarse un control policial consistente “en la concurrencia a su vivienda en forma espontánea y diaria –al menos en dos oportunidades-; teniendo que informarse de esos controles a la Oficina Judicial” de Santa Rosa.
Asimismo mantuvo las prohibiciones de contacto –por cualquier medio– con respecto a la víctima y a los testigos, en los términos en que lo había resuelto, oportunamente, el juez de control, Carlos Chapalcaz.
El último punto de la parte resolutoria de la sentencia fue no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal que había solicitado la defensora.
“Múltiples episodios”.
Con las pruebas reunidas durante el juicio oral, Boulenaz descartó la inocencia del sacerdote. Por el contrario, afirmó que los abusos ocurrieron, tal cual había sido la teoría del caso del fiscal Walter Martos.
El juez señaló que Pernini “abusó sexualmente mediante tocamientos, sexo anal y oral” al joven de 17 años (ya había cumplido 18 cuando los abusos concluyeron), agregando que ello ocurrió entre mayo y diciembre de 2007 “dentro del predio de la Iglesia Nuestra Señora de Luján, cita en López de Vega y Leguizamón, en Santa Rosa; más precisamente en los departamentos en los cuales residía el imputado, por ser el sacerdote a cargo de dicha iglesia”.
El magistrado detalló que “allí existieron múltiples episodios, siendo el primero en el departamento de huéspedes, ubicado frente a la casa parroquial (…) Con posterioridad, los abusos ocurrieron casi a diario”.
“Este tipo de abusos fueron reiterados –incluso uno de ellos en la ciudad de Buenos Aires– hasta el mes de julio de 2007, para luego continuar bajo la modalidad de tocamientos –tal como lo ocurrido a fines de diciembre de ese año–; momento en el que se presentaba el pesebre viviente”, indicó Boulenaz.
Con relación a la prescripción, la defensa de Pernini había sostenido que el último acto en contra de la víctima habría ocurrido el 9 de julio de 2007 y, por lo tanto, al momento de la denuncia la acción penal ya estaba prescripta porque había pasado el plazo máximo de 12 años.
El tribunal, por el contrario, afirmó que los “los delitos fueron perpetrados de forma continuada” y, por esa razón, la prescripción había que analizar en función del artículo 63 del Código Penal. En tal sentido, indicó que la cesación de los delitos se produjo el fin de semana anterior a la Navidad de 2007, con el llamado a prestación declaración de imputado, el 6 de diciembre de 2019, se interrumpió el término de la prescripción.
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Una madre fue condenada hoy por amenazar y lesionar a su hija de 13 años, ya que la golpeó con una tabla de cocina y un termo y le dijo “si te tengo que matar, te mato” porque llegó tarde a su casa.
El hombre ingresó al centro de salud de Zona Norte, en Santa Rosa, pidiendo una vianda para su hija. Cuando le explicaron que allí no las entregaban, pero que iban a gestionarle la entrega, se alteró, “profirió amenazas intimidatorias contra el personal”, dijo que tenía un arma y que “los iba a matar” y hasta hizo el “ademán de llevar la mano a la cintura”. Ante la intervención del personal policial, se resistió a retirarse del lugar y terminó detenido.
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Un técnico que arregla celulares fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por tenencia de pornografía infantil con fines de distribución y comercialización, un delito previsto en el artículo 128 del Código Penal. Además se le incautaron 1.370.000 pesos, una suma que será entregada al Centro de Desarrollo Infantil de General Acha.
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