La Diputada radical Andrea Valderrama, presentó este jueves en la Legislatura pampeana un Proyecto de Resolución mediante el cual solicita al gobierno de Sergio Ziliotto que informe sobre la situación laboral del personal contratado bajo el artículo 6 de la Ley 1279.
Provinciales11 de marzo de 2022
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Acompañada por sus pares Mauricio Agón, Francisco Torroba, Lorena Clara, Marcos Cuelle y Estela Guzman, la vicepresidente de la Cámara expresó que conforme lo establece el artículo 68 inciso 8 de la Constitución Provincial, el Ejecutivo debe informar a ese Órgano Legislativo sobre la situación laboral del personal contratado bajo el artículo 6 de la Ley 1279, en particular: cantidad de personal contratado bajo esta modalidad; motivos de las demoras en los pagos de los salarios adeudados y qué medidas se han pensado para solucionar esa demora, como así también la modalidad laboral que se establecerá para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajos.
En el documento fundamentaron que los trabajadores de salud contratados mediante el régimen previsto en el articulo 6 de la Ley 1279 de Carrera Sanitaria, está atravesando una situación muy compleja debido a que hace más de dos meses están trabajando sin percibir su remuneración. "Según la información que nos brindaran los propios afectados, dicho retardo se debe a que, los trabajadores por los cuales están realizando el reemplazo, que se encuentran cursando las licencias por el artículo 80, desde el estado les han solicitado la presentación de certificados actualizados y convocado a Juntas Médicas para su evaluación, las que, desde el mismo estado, aún no han cumplimentado" y agregó que estas demoras han repercutido indirectamente sobre los contratados por el sistema del artículo sexto, generando una incertidumbre laboral.
"Ellos continúan prestando su fuerza de trabajo con normalidad, a pesar de no estar percibiendo su salario, lo que genera grandes perjuicios económicos para ellos y su grupo familiar, impidiendo solventar sus necesidades básicas y cotidianas" cuestionaron los legisladores.
"Es sabido que la remuneración es de carácter alimentario y el Estado como Empleador es el primero que debe garantizar fehacientemente su cumplimiento" indica el Proyecto. Por otra parte y sumado a ello, están atravesando momentos de absoluta inseguridad, al desconocer si existirá o no continuidad de sus trabajos.
Recordaron que el gobernador en el discurso de la sesión inaugural de este año, textualmente dijo: “Abordar el tema del recurso humano de salud, impone identificar la situación provocada por la pandemia. La necesidad de dar respuestas extraordinarias trajo aparejada la incorporación de personal temporario. Su contratación se ha prorrogado hasta el día 31 de este mes y, si bien la emergencia por pandemia se encuentra prorrogada, debemos establecer alternativas de inclusión laboral de largo plazo. La proyección de mayor demanda sanitaria, basada en el crecimiento poblacional y en la ya anunciada incorporación de más infraestructura hospitalaria, constituyen un motivo válido para una salida sustentable de esta coyuntura.”
"Pero a pesar de que en las últimas horas en los medios periodísticos se ha dado a conocer que se abonaría los salarios adeudados, tampoco ello ha dado respuesta cabal a los demás interrogantes e incertidumbre que siguen padeciendo los empleados contratados bajo esta modalidad", agregaron desde la oposición.
Finalmente manifestaron que es urgente que el Poder Ejecutivo Provincial, informe a la Legislatura la cantidad de personal contratado bajo esta modalidad; los motivos de las demoras en los pagos de los salarios adeudados y qué medidas se han pensado para solucionar esa situación; por sobre todo, la modalidad laboral que se establecerá para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajos
La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) emitió un enérgico repudio tras las amenazas de muerte recibidas por la fiscal de Género, Cecilia Molinari, y el juez Carlos Ordás, durante una audiencia llevada a cabo este viernes en el Centro Judicial de Santa Rosa.
El Superior Tribunal de Justicia reglamentó la ley provincial 3571 de Acceso a la Información Pública, dando continuidad con su política institucional de adoptar medidas que “faciliten el cabal cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno, y el derecho a la información a fin de posibilitar el adecuado conocimiento de la actividad del Poder Judicial”.
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