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BUENOS AIRES | El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proyecto dispone además que “quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”, según explicaron los senadores del Frente de Todos en un comunicado. “Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, agregó el texto.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo. En medio de los fuertes cruces entre el kirchnerismo y los sectores más allegados al Presidente Alberto Fernández, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló a través de Twitter que “El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente De Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”.
El “colaborador” que ayude a la AFIP a detectar fondos en el exterior será premiado con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. El proyecto dispone que el impuesto alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.
Incluye la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. “Podrán colaborar tanto las personas físicas como los bancos, que serán liberados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada”, explicaron los senadores del oficialismo.
Para implementar la figura del “colaborador” se presentará otro proyecto de ley destinado a modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras”, señalaron los impulsores del proyecto. Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y, de esa forma, acelerar los procesos investigativos.
El proyecto traza una estimación de qué cantidad de fondos podrían ser alcanzados: “Al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay USD 417.507 millones de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos, se encuentran declarados ante la AFIP sólo USD 69.000 millones, según se desprende del impuesto sobre los Bienes Personales de 2020″.
Se propone modificar el secreto bancario, bursátil y fiscal y que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre los bienes.
“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica,” agrega el proyecto.
El bloque de senadores oficialistas subrayó que los USD 44.500 millones que recibió la Argentina en 2018 a través del acuerdo con el FMI, ahora renegociado, “en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales”.
Los legisladores añadieron que “menos de la tercera parte” de los dólares en el exterior de residente argentinos están declarados ante la AFIP y que “así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados”.
