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Santa Rosa: confirman inhabilitación perpetua a un municipal condenado por fraude
El STJ ratificó la decisión respecto de un empleado que vendió materiales de la comuna.
El diputado Berhongaray envió un pedido de informes "a raíz de la enorme preocupación que genera la actual situación de desabastecimiento de gasoil, combustible clave para el normal desarrollo de un conjunto de actividades, principalmente productivas y de servicios vinculadas al complejo agroindustrial y de transporte del país".
Provinciales 07 de abril de 2022SANTA ROSA | En su documento sostiene que "En las últimas semanas, el gasoil se ha convertido en un recurso escaso en distintas localidades del país, registrándose alteraciones significativas de precio y disponibilidad del producto".
Algunas de las cuestiones a dilucidar -trasladadas a los distintos organismos públicos, especialmente a la Secretaría de Energía de la Nación-, son los siguientes:
1. Remita cuadro comparativo desagregado de volúmenes de producción y de distribución en territorio argentino de gasoil con destino al despacho y comercialización interna de dicho combustible, registrados para el primer cuatrimestre de los últimos tres (3) años respecto del actual cuatrimestre enero/abril 2022.
2. Informe los registros que haya relevado durante los meses de marzo/abril del presente año, en relación a los volúmenes de faltante y/o cuotificación de comercialización de gasoil que se registran en las distintas jurisdicciones del país, discriminado por provincia y comuna.
3. Medidas adoptadas para garantizar el normal abastecimiento de gasoil (tanto en el mercado mayorista como en el minorista) que requiere la producción de las distintas actividades que conforman el complejo agroindustrial nacional.
4. Informe si, la Secretaría de Energía, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley Nº 27.640, ha evaluado la posibilidad de elevar el actual porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel del cinco por ciento (5%), en volumen, que contiene el combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil; como medida paliativa para garantizar la demanda del citado combustible.
Dado que la producción local de gasoil no alcanza a satisfacer el mercado interno, las petroleras importan dicho combustible ya destilado. El actual conflicto bélico -generado por la invasión de Rusia a Ucrania-, conlleva que los precios internacionales se hayan incrementado aún más sobre los de producción local. Lo que ha generado, según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina (Cecha), que las petroleras entreguen -en promedio- un diez por ciento (10%) menos del producto en las estaciones de servicio. Consecuencia de ello, es que muchas estaciones de servicio operan con cupos de venta.
Estimaciones de consultoras especializadas calculan que, a valores actuales de energía, el país deberá importar aproximadamente unos 13.500 millones de dólares durante el 2022 entre GNL, gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas y transporte, y naftas para vehículos, concentrados principalmente entre mayo y septiembre.
Esta situación de desabastecimiento coincide con la alta demanda del sector y actividad agropecuaria. De no normalizarse en lo inmediato pueden existir serias complicaciones para llevar adelante la cosecha, acarreando consecuencias para el país dado el impacto del sector en la generación de divisas.
Frente a este preocupante escenario corresponde indagar en las herramientas que brinda la Ley 27.640 y analizar el eventual impacto de la alternativa sugerida por entes especializados vinculados a la agroindustria que aseguran que el sector está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, aumentando la producción local de biocombustibles.
Aseguran que ello puede reportar beneficios directos y a su vez colaterales también al sector industrial, con un impacto en lo que refiere al fomento del empleo argentino y contribuir a aliviar las cuentas fiscales, dado que la sustitución de importaciones trae aparejada una menor carga a la balanza de pagos del país.
El STJ ratificó la decisión respecto de un empleado que vendió materiales de la comuna.
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