El Partido Obrero sostiene que el Gobierno pampeano vulnera derechos criminalizando a las familias

SANTA ROSA | Más adelante destacan que "El impresionante operativo policial que se desplegó en tiempo record con la presencia del Grupo Especial GEO, de maquinarias municipales y de funcionarios de la comuna, son expresión de una decisión que excede a la justicia y que da cuenta de una decisión del poder político de amedrentar a las familias".

"Frente a un enorme problema como es la actual crisis social y económica que atraviesan miles de familias trabajadoras de nuestra provincia y que desnuda la responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal, se pretende poner en el banquillo de los acusados a quienes son las víctimas de esa política. Un mundo al revés, dónde quienes más sufren son criminalizados cuando toman en sus manos los derechos a la tierra y la vivienda, derechos que el propio gobierno vulnera sistemáticamente", sostiene el comunicado.

"El brutal ajuste que el gobierno aplica por cuenta y orden del FMI – y recordamos que votaron conscientemente los legisladores oficialistas y opositores de La Pampa - tiene su expresión más cruda en la reducción del llamado déficit fiscal. En criollo, un tijeretazo a los presupuestos destinados a abordar esta problemática social".  

Luego describen la difícil situación habitacional que atraviesa nuestra provincia, destacando las falencias que el sistema provincial desnudó en los últimos años: "La realidad: miles de familias inscriptas en el IPAV desde hace años esperando una vivienda, familias que viven hacinadas, aumento de los desalojos, imposibilidad de acceder a un alquiler y como no podría ser de otra manera, el desarrollo de asentamientos donde desesperadamente las familias intentan encontrar una salida".  

Luego ya enfocados en el problema de Villa Germinal afirmaron: "La criminalización de las familias no es un hecho aislado ni un desliz de la fiscal interviniente en la causa, sino que expresa toda una orientación del poder político cuyo mensaje de amedrentamiento (apertura de causas, presencia de las fuerzas represivas, intentos de desalojos) está dirigido a esa población donde más está impactando la crisis económica y social. Cómo puede entenderse sino la judicialización y la desidia por parte de las autoridades municipales y provinciales a los reclamos que desde hace casi 3 años vienen realizando las familias del Nuevo Salitral. La misma problemática, las mismas respuestas".

"Repudiamos la criminalización de las familias, exigimos el fin de la causa judicial y le reclamamos al gobierno municipal y provincial el otorgamiento de tierras como una medida inmediata que permita dar un pequeño alivio a esta situación angustiante para las familias pampeanas", concluye el comunicado.