El acto de inicio se realizó en el Ministerio de Seguridad y asistieron el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, la ministra Elena Victoria Fresco; los subsecretarios de Justicia y Registros Públicos, Pablo Javier Boleas; y de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio; todos ellos integrantes de la comisión interpoderes que analiza la implementación de la norma.

También concurrieron el ministro del STJ, Eduardo Fernández Mendía; el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; el procurador general, Mario Oscar Bongianino; la secretaria de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Lucía Carolina Colombato; y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, entre otras autoridades.

Al comienzo hablaron Losi y Álvarez y luego disertaron dos especialistas: el uruguayo Luis Pedernera Reyna, uno de los 18 miembros independientes que conforman el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidades; y Terragni, prosecretario letrado de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Losi efectuó un repaso de cómo se fue dando el debate para llegar a esta ley, mencionó el trabajo que viene desarrollando la comisión y fundó la necesidad de aplicar el concepto de justicia restaurativa, que es un eje central del procedimiento. Álvarez también se refirió a este último concepto, indicando que es “un modelo que se basa en la prevención del delito y en la reintegración social”, y subrayó la decisión política de avanzar en esta dirección  cuando “incluso en el Congreso se planteaba la baja de la edad de inimputabilidad”.

“Esta ley es un ejemplo”.

Terragni, al referirse a estadísticas nacionales, remarcó que solo el dos por ciento de las 90.000 o 100.000 personas que están privadas de la libertad en el país son niñas, niños o adolescentes y añadió que es “una cifra baja y manejable” para evitar que ellos vuelvan a delinquir..

Dijo que la ley aprobada en La Pampa “es un claro ejemplo de cómo debe avanzarse” en materia de justicia restaurativa y reparación integral del daño, y subrayó que “hay quienes no quieren mencionar la palabra ‘institucionalización’; pero lo cierto hay que recuperar su sentido porque, en definitiva, todos nosotros, de una u otra manera, estamos institucionalizados”.

Cuestionó la estigmatización de que “los niños son los lindos y los menores los que van al patronato”, y dijo que es “una diferencia sutil” pero fundamental en el abordaje de la problemática. En ese contexto, resaltó que “el problema (de la justicia penal juvenil) no es cuantitativo, sino cualitativo” y pidió concretamente en centrarse en “la salud mental y las adicciones”. Por ello agregó que más allá de los 1600 o 1700 adolescentes privados de libertad en institutos de menores, el total que está en conflicto con la ley penal en la Argentina tampoco es un número alto (8000 u 8500).

El especialista también pidió ser flexible en los abordajes porque “siempre hay grises” y afirmó que “es esencial tener una mirada interdisciplinaria”.

“Los medios amplifican”.

 Por su parte, Pedernera Reyna que historió los avances en materia de derechos de la niñez y habló en igual sentido que su colega al asegurar que “los datos de infracciones adolescente en la región son contundentes al decirnos que estamos frente a un tema muy chiquito de la agenda, pero que amplificado por los medios de comunicación pareciera un problema de grandes dimensiones”. En tal sentido, indicó que “el 90 por ciento de las denuncias que ingresan al Comité son de menores de edad marroquíes que quieren ingresar a España”.

Al referirse a cómo buscar soluciones, hizo hincapié en la observación general N° 24 del Comité, que expresa que “los niños, niñas y adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico” y añade que “estas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de una reducción en la culpabilidad penal y para desarrollar un sistema diferenciado que logre un enfoque individual”. El texto apunta al derecho a ser oído, al interés superior del niño, a las condiciones de detención, a la no discriminación, etc.

El principio general de la nueva ley 3353 es que “garantiza en forma integral la protección de los derechos de las/os adolescentes”, y que ello debe “complementarse con el piso mínimo de derechos fijado por la legislación nacional e internacional de derechos humanos de la infancia vigente en la República Argentina, siendo los tratados y compromisos internacionales parte integrante (de ella) a los fines de su interpretación y aplicación”.

La capacitación, presencial –hubo 70 operadores en el auditorio– y a distancia, es obligatoria para los operados judiciales que deben cumplir funciones en el marco de este nuevo procedimiento. Allí están incluidos, entre otros, todos los jueces y juezas (control, audiencia y Tribunal de Impugnación Penal), secretarios/as penales de los Juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes; y funcionarios/as del Ministerio Público (fiscales generales, fiscales/as titulares y adjuntos, defensores/as titulares y adjuntos, asesores de niñas, niños y adolescentes, etc.). También los operadores dependientes de organismos del Poder Ejecutivo.

El curso se dictará en siete módulos los viernes y sábados, se extenderá hasta el 12 de noviembre y está organizado por el Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.