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SANTA ROSA | Los hechos ocurrieron hace dos meses, con una diferencia de cinco minutos, y ya fueron resueltos por la Justicia provincial. La jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, dispuso en la parte resolutiva de la sentencia que la prisión preventiva que estaban cumpliendo ambos se convierta inmediata en detención.
El 7 de junio pasado, a las 22.50, Carlos Alberto Becerra (32 años) y Jonathan Adrián Sotelo (23) ingresaron a una despensa ubicada en Oliver y Mansilla. El primero, valiéndose de una pistola, le apuntó a la mujer que estaba atendiendo y, mientras forcejeaba con ella, le exigió que le entregara dinero. Mientras tanto, Sotelo fue hasta la caja registradora y comenzó a revolver objetos que había en el lugar. Ante la resistencia de la víctima, no lograron sustraer dinero ni ninguna otra cosa y escaparon en una moto.
Cinco minutos más tarde, los acusados ingresaron a una heladería situada sobre la avenida Spinetto, a cuatro cuadras de la despensa. Sotelo se quedó en el sector del público y Becerra, volviendo a usar un arma de fuego, le dijo a uno empleado “dame la plata o te pego un tiro”. Fue así que lograron apoderarse de 5.000 pesos de la caja registradora.
Posteriormente, Becerra sobrepasó el mostrador y sustrajo de arriba de un freezer una billetera con documentación personal, tarjetas de crédito y 2.000 pesos pertenecientes al heladero. Además, siempre con el arma en la mano, le robó a una empleada 1.500 pesos y un dólar.
A su vez, mientras “controlaba la situación desde el sector destinado al público”, Sotelo interceptó a una cadete y le sustrajo de una riñonera 4.500 pesos. Inmediatamente ambos escaparon en la moto y fueron aprehendidos por la policía en Italia y Bonnet, a un par de cuadras del hospital Lucio Molas.
El fallo condenatorio de Ongaro fue rubricado como consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado, en forma conjunta, por el fiscal Andrés Eduardo Torino, la defensora oficial Mariel Annecchini y los imputados, quienes admitieron su responsabilidad penal.
Una de las víctimas, al ser informada sobre sus alcances, manifestó que las penas debieron ser más graves porque Becerra y Sotelo son reincidentes y fueron conscientes de lo que hicieron. Otra dio su consentimiento y pidió ser informada cuando queden libres u obtengan algún beneficio antes de cumplir la condena. Y una tercera no concurrió a la audiencia de visu.
Cabe recordar que en los abreviados, de acuerdo al Código Procesal Penal, los jueces y juezas no pueden dictar penas más severas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.​
