A raíz de una denuncia anónima recibida por mail a los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana, Claudio Tapia, presidente de la AFA, es investigado.
Judiciales13 de septiembre de 2022
InfoTec 4.0
NACIONALES | El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, será investigado por un tribunal en lo Penal Económico por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una denuncia anónima que fue recibida por mail en los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana.
La investigación se inició "con la recepción en la casilla de correo del Juzgado Federal de Campana de una denuncia que daba cuenta de una serie de maniobras presuntamente delictivas vinculadas a Claudio Fabián Tapia y su familia".
Según sostiene una resolución judicial, "las acciones entendidas como posiblemente delictivas habrían acaecido en diversas jurisdicciones territoriales, ya que se ha relevado información sobre propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño, igual que rodados registrados también en ambas sedes, así como la intervención de sociedades ubicadas en la jurisdicción de CABA".
La Cámara Federal de San Martín entendió que, por la naturaleza de los delitos investigados, el expediente –que se inició en 2020- deberá quedar en manos del juzgado en lo Penal Económico número siete, a cargo del magistrado Juan Pedro Galván Greenway.
En un fallo unipersonal del juez Juan Pablo Salas, la Cámara sostuvo: "Puede aseverarse, con los elementos incorporados hasta el momento, que las maniobras sospechosas se habrían consumado en distintas jurisdicciones territoriales, por lo que la elección del juez competente deberá hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación".
Según se desprende del expediente, la investigación gira en torno a "dos hipótesis, una relacionada a la actividad desarrollada por el denunciado como presidente del Futbol Argentino, y el posterior lavado de dinero proveniente de esos presuntos actos infieles".
Al presidente de la AFA se le reprochan los supuestos delitos de "defraudación por administración infiel y el lavado de activos" mediante la "adquisición de bienes inmuebles en jurisdicción territorial del Juzgado de Campana, compra de bienes muebles registrables y realización de eventos, actos que incluirían tanto al presidente de la AFA como a otros miembros de su familia".
Además, el tribunal resolvió que la investigación debe continuar en los juzgados de la Capital Federal, porque "no solo habrían ocurrido allí parte de las maniobras teñidas de sospecha, sino que sería la sede laboral y de negocios del principal investigado".
"Las maniobras de lavado de activos no pueden ser consideradas actos independientes, sino una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo materializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resumió el fallo.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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