


Espert desafió a debatir a Máximo Kirchner tras el pedido de su remoción de Diputados
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DIPUTADOS | A través de un proyecto de resolución que lleva las firmas de Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca y el sanjuanino José Luis Gioja, el oficialismo expresó su "profundo rechazo" por las manifestaciones del diputado de Avanza Libertad.
En este contexto, los diputados oficialistas pidieron "evaluar" la conducta del diputado nacional, quien "sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir", resaltaron en el mensaje.
En los fundamentos, Penacca, Martínez y Gioja resaltaron que "corresponde expresar el más enérgico repudio a estos dichos y solidarizarse con los trabajadores que están siendo amenazados con "bala" como respuesta a sus demandas". "Entendemos que declaraciones de esa magnitud no deben ser avaladas, como así tampoco convalidadas a partir del silencio", resaltaron en la propuesta.



"La declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento", argumentaron los diputados oficialistas.
Asimismo apuntaron que lo expresado por el economista a través de su cuenta en Twitter "no es un exabrupto o un hecho aislado" y remarcaron que Espert "sistemáticamente pide "cárcel o bala" como respuesta a diversos acontecimientos".
Incluso, los diputados del FdT vincularon la expresión del diputado con el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido hace tres semanas. "La misma consigna, "cárcel o bala", apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado", señalaron en el proyecto donde también apuntaron que "el contexto delicadísimo" de la democracia "debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión".
La polémica se inició a partir de una protesta salarial que desde hace cinco meses llevan adelante los trabajadores del neumático, medida de fuerza que se profundizó en los últimos días con el acampe a una sede del ministerio de Trabajo.
El kirchnerismo se sirvió del artículo 66 de la Constitución, mediante el cual la Cámara de Diputados puede pedir la remoción de uno de sus miembros por "inhabilidad física o moral".






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