
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.


El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, condenó a tres años de prisión en suspenso a un padre por ser autor del delito de abuso sexual simple respecto de una niña menor de 13 años, agravado por ser su progenitor. Los hechos fueron encuadrados en las leyes 26.485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además lo privó de la responsabilidad parental respecto a su hija y le mantuvo la prohibición de ingresar a la localidad donde vive ella.
Judiciales14/03/2023
InfoTec 4.0






Los hechos, acreditados con las pruebas reunidas durante el debate oral, ocurrieron en la casa del agresor, en una zona rural, cuando la menor fue un día a almorzar. Durante la siesta, el padre efectuó tocamientos a su hija –de 10 años al momento de la denuncia– y le dijo que no dijera nada porque si no él iría preso.


Durante los alegatos, el fiscal Juan Bautista Méndez pidió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y planteó la misma calificación legal que la impuesta por el juez; aunque aclaró que la denunciante (la madre de la víctima), al ser consultada, se había opuesta a una sanción que no contemplara la prisión efectiva y manifestó que si el acusado no iba preso por lo menos que no pudiera ingresara al pueblo donde vive junto a su hija.
El defensor particular, Javier Bassa, en cambio, alegó por la absolución del padre -un empleado público de 54 años– y, subsidiariamente, había requerido que sea absuelto por el beneficio de la duda.
Tras señalar que la escala penal para el delito por el cual fue condenado el padre, tiene una escala de tres a diez años, Miguel Martín señaló que “el monto de pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal funciona, en el caso particular como un límite máximo” y recurriendo a un fallo de la Corte Suprema de la Nación agregó que “el tribunal que dicte sentencia no está habilitado para aplicar una pena más grave que la requerida por los acusadores”.
“De tal modo, teniendo en cuenta que la fiscalía solicitó que se aplique al acusado la pena mínima y que su ejecución sea dejada en suspenso, no existen posibilidades de que me aparte de ese requerimiento. Fijar una sanción por debajo o por encima de la solicitada, sería contrario a la normativa legal aplicable”, remarcó.
En la parte resolutiva de la sentencia, el magistrado le impuso al agresor el cumplimiento obligatorio de reglas de conducta durante tres años –entre ellas realizar un tratamiento psicológico– y le mantuvo dos prohibiciones que le fueron fijadas hace un año durante una audiencia de reexamen en reemplazo de la prisión preventiva: no acercarse ni tener ningún tipo de contacto con la víctima, su madre y su abuela y no ingresar a la localidad donde se domicilian las dos primeras hasta que el fallo quede firme.
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Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.

El tribunal lo dispuso después de que la Corte Suprema dejara firma la sentencia contra el ex funcionario kirchnerista.

Se tratan de tres abogados, un contador y otras tres personas más.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa impuso al acusado una pena de cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir. Familiares y amigos de la víctima realizaron una vigilia frente al Centro Judicial durante la lectura del fallo.

El hecho ocurrió en la localidad de Rosario y la medida también alcanzó a los tres presuntos cómplices.

“Abusó de su cargo público al solicitar dinero de manera indebida”, consideró la magistrada María Cecilia Córdoba.







La estancia La Celma, ubicada en el Partido de Carlos Tejedor y escenario del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, se derrumbó este fin de semana. El sitio, declarado de Interés Municipal en 2004, nunca recibió la preservación patrimonial que se había proyectado.

La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa, dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, aplicó multas que en conjunto superan los 4,7 millones de pesos a distintas empresas por infracciones a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Las sanciones, publicadas en el Boletín Oficial, forman parte de una política de control más rigurosa impulsada por el organismo que encabeza Florencia Rabario.

Sucedió en plena competencia durante el último tramo del Rally de La Toma, en la provincia de San Luis. Su navegante, Pablo Micarelli, lucha por su vida con pronóstico reservado.

Un violento episodio ocurrido a plena luz del día en el barrio Alberdi de Río Cuarto volvió a estremecer a la ciudad. Un hombre de 31 años fue asesinado y una mujer resultó gravemente herida tras un tiroteo registrado frente a la escuela Nueva Argentina, justo cuando salían los alumnos del establecimiento.

Un incendio registrado durante la tarde de hoy generó alarma en plena Ruta Nacional 35, cuando una camioneta que transportaba piletas de fibra fue alcanzada por las llamas mientras circulaba en sentido norte–sur hacia Santa Rosa.

Un grave incidente policial se registró durante la madrugada de este lunes en la localidad de Rancul, cuando dos hombres mayores de edad agredieron a un efectivo policial de la Comisaría Departamental y en la reyerta le sustrajeron su arma reglamentaria.

El proyecto, que asciende a $2,335 billones, mantiene el equilibrio fiscal y no prevé tomar deuda. El Gobierno provincial advierte que la recesión y la falta de fondos nacionales limitarán la capacidad de inversión y desarrollo.

El Ministerio de Salud de La Pampa dispuso una actualización en el esquema de categorización de pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud públicos. La medida, formalizada a través de la Resolución 2810/25 firmada por el ministro Mario Rubén Kohan, redefine los parámetros económicos que determinan qué personas deben abonar por medicamentos, tratamientos y estudios, según sus ingresos familiares, cobertura médica y lugar de residencia.







