El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, condenó a tres años de prisión en suspenso a un padre por ser autor del delito de abuso sexual simple respecto de una niña menor de 13 años, agravado por ser su progenitor. Los hechos fueron encuadrados en las leyes 26.485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además lo privó de la responsabilidad parental respecto a su hija y le mantuvo la prohibición de ingresar a la localidad donde vive ella.
Judiciales14 de marzo de 2023
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Los hechos, acreditados con las pruebas reunidas durante el debate oral, ocurrieron en la casa del agresor, en una zona rural, cuando la menor fue un día a almorzar. Durante la siesta, el padre efectuó tocamientos a su hija –de 10 años al momento de la denuncia– y le dijo que no dijera nada porque si no él iría preso.
Durante los alegatos, el fiscal Juan Bautista Méndez pidió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y planteó la misma calificación legal que la impuesta por el juez; aunque aclaró que la denunciante (la madre de la víctima), al ser consultada, se había opuesta a una sanción que no contemplara la prisión efectiva y manifestó que si el acusado no iba preso por lo menos que no pudiera ingresara al pueblo donde vive junto a su hija.
El defensor particular, Javier Bassa, en cambio, alegó por la absolución del padre -un empleado público de 54 años– y, subsidiariamente, había requerido que sea absuelto por el beneficio de la duda.
Tras señalar que la escala penal para el delito por el cual fue condenado el padre, tiene una escala de tres a diez años, Miguel Martín señaló que “el monto de pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal funciona, en el caso particular como un límite máximo” y recurriendo a un fallo de la Corte Suprema de la Nación agregó que “el tribunal que dicte sentencia no está habilitado para aplicar una pena más grave que la requerida por los acusadores”.
“De tal modo, teniendo en cuenta que la fiscalía solicitó que se aplique al acusado la pena mínima y que su ejecución sea dejada en suspenso, no existen posibilidades de que me aparte de ese requerimiento. Fijar una sanción por debajo o por encima de la solicitada, sería contrario a la normativa legal aplicable”, remarcó.
En la parte resolutiva de la sentencia, el magistrado le impuso al agresor el cumplimiento obligatorio de reglas de conducta durante tres años –entre ellas realizar un tratamiento psicológico– y le mantuvo dos prohibiciones que le fueron fijadas hace un año durante una audiencia de reexamen en reemplazo de la prisión preventiva: no acercarse ni tener ningún tipo de contacto con la víctima, su madre y su abuela y no ingresar a la localidad donde se domicilian las dos primeras hasta que el fallo quede firme.
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En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, Ana Laura Ruffini, condenó a Marcelo Alberto Martín, como autor material y penalmente responsable del delito de fraude contra la administración pública como delito continuado – 22 hechos-; a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
El acusado, había llegado en libertad a la instancia final del juicio donde los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata lo condenaron por haber manoseado a las menores y haberse masturbado delante de ellas, en casos ocurridos en noviembre de 2019 y en agosto y octubre del 2020, en su vivienda de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, según indicó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión llegó horas después de que se confirmara el jury en su contra por el documental del caso Maradona.
Minutos antes de las 22 de este martes, un incendio arrasó una vivienda en la localidad de Coronel Hilario Lagos, dejando pérdidas materiales totales. El siniestro ocurrió en una casa ubicada en calle Fratarolli, entre avenida Armesto y 25 de Mayo, donde reside una joven pareja con sus tres hijos pequeños. Afortunadamente, la familia no se encontraba en el domicilio al momento del siniestro, por lo que no hubo que lamentar víctimas.
El joven había sido internado en grave estado en el Hospital Gobernador Centeno, luego de colisionar en moto contra una camioneta. Su fallecimiento se confirmó este martes, generando profundo dolor en la comunidad.
Un robo de agroquímicos valuados en más de 100 millones de pesos, ocurrido en un campo de la zona rural de Trebolares, fue resuelto en tiempo récord gracias a la rápida intervención de la Policía de La Pampa y la actuación del sistema judicial. Los productos fueron recuperados en su totalidad y hay personas detenidas en el marco de la causa.
Un hombre de 60 años, oriundo de Ingeniero Luiggi, sufrió una descompensación mientras realizaba un trámite en el Ministerio de Conectividad y Modernización. La inmediata intervención del personal policial, de enfermería y del SEM permitió estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Favaloro, donde evoluciona favorablemente.
En las próximas horas, el Gobierno nacional oficializará por decreto una profunda reestructuración del sistema de movilidad y transporte del país que incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
