Complicada situación del piloto de Alberto, podría ir a juicio oral por fraude al Estado

NACIONALES | Leonardo Barone, el piloto del presidente Alberto Fernández que comanda el avión presidencial color crema del cielo que se hizo famoso por su sobrevuelo en Aeroparque hace casi un mes, está procesado con procesamiento firme y camino a juicio oral por fraude contra la administración pública y falsificación en una operación de venta de 10 aeronaves al Estado. La causa se inició en 2019 tras una denuncia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la falsificación de las pólizas vinculadas a esa transacción.

En esta causa Barone está camino a enfrentar un juicio oral y público. Allí fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por fraude el 28 de noviembre de 2022 en la causa CFP 5215/2019 del juzgado federal 6 que subroga y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal el 13 de febrero pasado, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah con la disidencia parcial de Alberto Boico. Ahora se trabaja en la elevación del caso a juicio, según informó hoy el diario La Nación.

La causa fue iniciada en 2019 por Jimena Fernández Patri como apoderada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El organismo le había comprado mediante una licitación 10 aviones de entrenamiento a Global Jet Aviation S.A, de la que actualmente Barone es accionista, pero en ese momento era apoderado, con Ernest Sajnin quien era director suplente, junto con el fallecido Raul Larumbe y Cristian Villarreal, socio fundador.

La empresa se comprometió a entregar 10 aeronaves de instrucción básica a cambio de 7.982.550 pesos, pero sólo entregó 4 aeronaves. Por eso la ANAC quiso averiguar sobre las pólizas del seguro de caución de la compañía Zurich, aportadas al trámite de licitación por Global Jet Aviation para ejecutarlas. Pero la empresa de seguros informó que eran apócrifas. Explicó que si bien la persona que firmaba las pólizas había trabajado en la compañía de seguros, la empresa Global Jet Aviation S.A. no figuraba como uno de sus clientes.

Los peritajes determinaron que la firma insertada en las pólizas no había sido efectuada por la empleada de la aseguradora. Sajnin dijo ante la justicia que si bien era director no tenía incidencia en el devenir diario de la empresa. Mencionó que ni siquiera sabía de la licitación. Villarreal, en tanto, señaló que fue “uno de los socios iniciales de la empresa” pero que luego vendió sus acciones a Sajnin.

Consultados por la nacion, fuentes cercanas a la defensa de Barone dijeron que él “intervino en el proceso como apoderado de la empresa adjudicataria (Global Jet). Pero sostenemos que nunca supo sobre el tema de las polizas”. Agregaron que “toma conocimiento cuando lo notifican de la formación de la causa y acompaña nuevas polizas en sustitución ante la ANAC”. Sostuvieron que “el contrato de licitación está vigente” y que “no hubo ninguna intimación, ni ejecución a la empresa”.

E hicieron hincapié en que “el Estado no recibió ningún daño porque las cuatro aeronaves que el Estado pagó se entregaron y están en su poder desde 2014″, y que las seis restantes no se vendieron porque, aseguraron, fue la propia ANAC la que decidió no continuar con la operación en 2015, tras el cambio de administración del kirchnerismo al macrismo.

El piloto Barone dijo ante la justicia que siguió instrucciones de quien era director y “alma mater” de Global Jet, Raúl Eduardo Larrumbe, ya fallecido. “Mi actuación en la ejecución de la licitación fue en el carácter de apoderado de la sociedad” dijo y mencionó que participó en diferentes proyectos pero que no tuvo participación en la emisión de las pólizas.

“La persona que se ocupaba del armado de la operación y de la negociación era su director, dándome a mí instrucciones sobre cómo proceder o presentaciones a realizar. En estas condiciones, puedo aseverar que desconocía que las pólizas eran apócrifas”, dijo Barone al juez. Agregó que cuando supo del problema sustituyó las pólizas por otras de otra aseguradora y que no hubo perjuicio patrimonial porque la ANAC solo pagó las 4 aeronaves entregadas. “No hubo pagos adicionales. Atento a lo cual, no existió perjuicio alguno al Estado Nacional”, dijo Barone en su declaración.

El juez Rafecas, a la hora de valorar el descargo del piloto, dijo que no averiguó que había ocurrido con las pólizas de Zurich y “pareciera ser que el propio apoderado Barone tenía la potestad de tramitar pólizas de caución, dato que tiene su correlación con las amplísimas facultades que se le otorgaron”. Asimismo enumeró el juez que intervino en diversos momentos de la licitación desde la apertura de sobres hasta los pedidos de prórroga para completar la entrega de los aviones.

En su fallo Rafecas sostuvo: “Nos encontramos con una acción de fraude que tuvo por fin engañar a la Administración Nacional de Aviación Civil y, de esa manera, percibir un beneficio económico”. La ANAC pagó a Global Jet Aviation S.A un anticipo financiero y el 30% correspondiente al monto total del acta acuerdo, que sumó $5.047.456,26, pero el perjuicio dijo Rafecas es mayor y llega a 5.580.442,14 de pesos.

Para el juez si bien el fallecido director y fundador de la empresa era quien se benefició, Barone “no podrá verse exento de la responsabilidad” que en vida le podría haber cabido a Larumbe, pues “debía no sólo saber discernir un acto lícito de aquel que no lo era sino, también, debía poder actuar, de modo tal, que acotase al mínimo las posibilidades de que los riesgos propios a su rol o función sean de aquellos que jurídicamente no se permitan”.

Así el juez dio por acreditado “la autoría penalmente responsable de Leonardo Luis Barone de los delitos de defraudación contra la administración pública y de uso de documento privado falsificado” por los que fue procesado. Rafecas sobreseyó a Sajnin, a Villarreal y declaró extinguido el caso para Larumbe, dado su fallecimiento.

Barone, de 52 años, director de Logística de Presidencia y responsable de la flota aérea presidencial, quedó en el centro de la polémica tras la llegada del ARG 01, un Boeing 757 con el que el Estado argentino reemplazó al Tango 01, por casi 25 millones de dólares, y que él trajo al país en medio de la maniobra cuestionada que le valió otra denuncia.

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Esa causa la tiene el juez Ariel Lijo, en el juzgado 12, que subroga, y ya pidió los audios de las comunicaciones del ARG 1 con la torre de control y las actuaciones administrativas labradas por esa maniobra. Se trata de un “low pass” efectuado 11 minutos antes del aterrizaje cuando el piloto, bajó la aeronave hasta 45 metros antes de tocar la pista, la puso de costado, y luego aceleró viró hacia el Río de la Plata y retomó vuelo. En un diálogo a comienzos de este mes con la nacion, Barone defendió la maniobra y aseguró que estaban todas las condiciones de seguridad dadas para hacerla, aunque admitió que “no era el momento político para hacerlo”.

La intervención de la Cámara y un expediente rumbo a juicio
La resolución de Rafecas fue apelada por la defensa y llegó a la Cámara Federal que confirmó la decisión de primera instancia. Los jueces Irurzun y Farah dijeron que “el imputado tuvo el dominio del hecho que se le atribuyó, circunstancia que impide receptar favorablemente los agravios” de su defensa. Para los camaristas “se desarrolló un ardid comprensivo de la falsificación y el uso de documentos privados falsos y ese ardid indujo a error a la víctima del hecho, quien realizó una disposición patrimonial injusta que la perjudicó”. El juez Boico, en disidencia, en cambio, dijo que no hubo fraude porque hubo perjuicio económico para el Estado.

El juez Rafecas recibió nuevamente el caso y trabaja ahora en la elevación a juicio de la causa, mientras en otra oficina a pocos metros de su despacho, en el mismo piso, su colega Ariel Lijo agota las medidas de prueba para determinar si hubo delito en el sobrevuelo inaugural del flamante avión presidencial, actualmente en un service, en Dallas.