CASAFE criticó la prohibición al glifosato impuesta en Misiones

NACIONALES | Hacia finales del mes pasado el cuerpo legislativo de la provincia de Misiones sancionó una Ley local que prohíbe el uso de glifosato, con la idea de que se deje de lado su aplicación de cara a 2025. La sanción generó polémicas, y ahora desde las empresas proveedoras salieron con los tapones de punta.

“Las producciones más afectadas tienen que ver con la yerba, los cítricos, el maíz, y lo forestal. Es una ley que prohíbe el glifosato y promueve a los bioinsumos. En nuestra cámara conviven las empresas de bioinsumos con las empresas de síntesis química. Ambos sistemas son complementarios, no hay conflicto en ese sentido”, remarcó Federico Landgraf, director Ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

 En una charla con La Red Rural (AM 910), Landgraf indicó que el espacio que representa convalida la promoción de los bioinsumos. Pero que las discrepancias nacen a la hora de las prohibiciones.

“Es ahí donde podemos decir que hasta conceptualmente estamos en contra. Porque los productos tienen que competir y el productor tiene que tener la paleta completa. Hay un tema de libertades, el productor tiene poder elegir”, aseguró. Además sumó que “no hubo espacios de diálogo. Esta iniciativa viene desde el año pasado queriéndose realizar, ahora se activó en dos días. La semana pasada se activó y finalmente fue ley”.

“El año pasado, que hicimos una recorrida e hicimos una presentación sobre el glifosato, y estuvimos con el secretario de Agricultura anterior, le hicimos llegar una documentación que la debe tener el secretario actual, en su despacho”, recordó.

“PROMOCIÓN FORZADA”
En las empresas la sospecha es que detrás del hecho de llevar adelante la prohibición al glifosato hay una “promoción forzada” de su producto sustituto.

“Aún no está registrado en el Senasa como un herbicida biológico. Lo produce una empresa que se llama “Agrosustentable” y los productores han recibido varias muestras de manera gratuita”, afirmó.
“Las han entregado a distintas organizaciones y es un producto que está registrado para otra cosa distinta. Lo que tiene registro en el Senasa es el Esten 80, que es un fitorregulador, un insecticida y coadyuvante. Y tiene una normativa del propio ministerio de ecología de Misiones que le amplia el uso a otra cosa. Pero eso es una facultad del Senasa”, acusó.

Y alertó: “El fondo de la discusión es que lo hacen prohibiendo. Y además hay un adicional: que van a tener que usar productos de mayor toxicidad y Misiones además prohibió los fitosanitarios banda amarilla y banda roja”. Tiempo atrás Chubut había sancionado una prohibición similar. “Prohibiciones como la de Chubut son prohibiciones simbólicas, el impacto productivo ha sido mínimo”, afirmó.

“Esto deja a los productores de Misiones en una diferencia de competitividad con otras provincias. Porque si hoy tenés que ir a hacer una inversión forestal en Misiones, que son planificaciones de 50 años, contemplás ese recorrido que está haciendo la provincia en materia regulatoria y está Corrientes al lado, que no lo prohíbe”, graficó.

EL GLIFOSATO EN EL EJE DEL DEBATE
“Al glifosato se le cuestionan distintos aspectos sobre la salud, pero el sistema regulatorio internacional indica que el glifosato esta registrado en 160 países”, afirmaron desde CASAFE.

Y aseguraron: “No provoca daños, no cambia el material genético, no es cancerígeno, no genera malformaciones, no afecta al desarrollo embrionario. Es un producto que tiene seguridad”.

“No es cancerígeno incluso para la agencia química europea. En Estados Unidos, por ejemplo, se presentaron para su renovación unos 1.500 estudios científicos con 188.000 páginas de material digital y tal es así que se pidió una prórroga de parte de las dos agencias que regulan para seguir estudiando el material”, detalló.
Y sumó: “También está el tema de los juicios en California. Allí el organismo similar al Senasa estableció que no es cancerígeno y se presentó en el juicio por jurados de EE.UU. con toda la documentación”.

“Allí se dio que un distribuidor se vio en el dilema de que el organismo regulador diga que no es cancerígeno, pero un juzgado sí. Y el organismo se puso firme diciendo que ellos habían probado que ‘no es cancerígeno’”, cerró.