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NACIONALES | El Concejo Deliberante más costoso de la Argentina es el de San Miguel de Tucumán, con un gasto de $668,3 millones por año, lo que refleja un costo elevado para los contribuyentes de la ciudad. Curiosamente, Tucumán es también la provincia con mayor gasto por legislador provincial. Le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564 millones.
En cuanto a las ciudades más grandes, Rosario y Córdoba presentan un costo similar, con $285,6 millones y $285,1 millones por concejal, respectivamente. Estos valores son más de 2,2 veces superiores al promedio nacional.
El gasto total destinado a los Concejos Deliberantes representa, en promedio, el 3,3% del presupuesto anual de las ciudades. Sin embargo, algunas localidades destinan una porción aún mayor de sus presupuestos a sus legislaturas municipales. Entre las que más porcentaje invierten en este rubro se encuentran Formosa (13,7%), Posadas (11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).
La gran mayoría de los recursos destinados a los Concejos Deliberantes se destina a los sueldos del personal. El promedio de gasto en personal representa el 87,4% del presupuesto total de los concejos. Sin embargo, en algunas ciudades como Rosario, el gasto en personal representa una proporción menor, con un 68,52%, colocándola en el cuarto puesto de las ciudades con menor proporción de gasto en este ítem.
En términos de personal, en promedio, hay 17 empleados por concejal en las ciudades analizadas. Posadas destaca con 122 empleados por cada concejal, mientras que en Córdoba la relación es de 8 empleados por legislador.
En cuanto al gasto por habitante, el promedio nacional es de $6.344 al año para financiar los Concejos Deliberantes. Sin embargo, algunas ciudades tienen un gasto mucho mayor: Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia destinan $39.000, $33.000 y $29.000 por habitante, respectivamente. Por otro lado, Córdoba y Rosario gastan $5.872 y $5.930 por habitante al año.
Estos números ponen de manifiesto la necesidad de una reforma y racionalización en el funcionamiento de los Concejos Deliberantes, eliminando gastos superfluos y buscando optimizar los recursos que se destinan a estas instituciones.
